Tijuana, BC. El gobierno federal aportará el 50 por ciento de los recursos financieros necesarios para construir el próximo año una planta desaladora que proveerá de liquido a la ciudad -que actualmente le llega desde el Río Colorado- y se construirá en los terrenos y a partir de un proyecto “reestructurado” que dejó la ultima administración estatal panista, informó el titular local de la Secretaría de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia.
Más del 90 por ciento del agua que consume Tijuana viene del Río Colorado (producto de un acuerdo con Estados Unidos firmado en 1948) llega a Mexicali, donde se almacena en la Presa Morelos, y desde ahí, es bombeada a lo largo de 140 kilómetros de acueducto hasta la presa El Carrizo, donde se manda potabilizar y distribuir en la ciudad.
Aunque no quiso dar muchos detalles porque todavía están en una negociación con los dueños del terreno, el funcionario apuntó que los gobiernos federal y estatal retomarán en parte el proyecto del panista Francisco Vega, sólo que no será una Asociación Publico Privada (APP) como el blanquiazul proyecto, sino que el 50 por ciento de los recursos serán estatales y el otro 50 saldrá del Fondo Nacional de Infraestructura, lo que lo vuelve “viable”.
El proyecto panista fue cancelado por la administración de Jaime Bonilla y la empresa Consolidated Water, que tenía el contrato para la construcción de la planta en Playas de Rosarito, demandó por 51 millones de dólares al gobierno estatal. La actual administración está en platicas con la empresa para comprar el terreno destinado a la desaladora y “la toma del proyecto”, con lo que dicha empresa se desistiría de la demanda.
En su momento Acción Nacional presentó el proyecto como la desaladora más grande de América Latina que Baja California pagaría durante 37 años a mensualidades de alrededor de 160 millones de pesos, lo que generó un gran descontento social y movilizaciones. El PAN pretendía que el agua que actualmente recibe Tijuana vía un acueducto, se quede en Mexicali porque junto a la planta Cervecera de Constellation Brands se levantaría todo un parque industrial que requería del liquido.
Vega incluso colocó la “primera piedra” de esa desaladora a 22 kilometros al sur de Tijuana, en terrenos comprados al ejido Mazatlán, en el municipio de Playas de Rosarito. Según se dijo, garantizaría un abastecimiento de 4 mil 400 litros por segundo en 2 etapas y el primer contrato con “Aguas de Rosarito Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” se firmó en 2016.
El proyecto, que costaría almendro de 10 mil millones de pesos -pero se terminarían pagando más de 57 mil- involucraba a las empresas trasnacionales Consolidated Water, con sede en las Islas Caimán y la francesa SUEZ Environnement. El gobierno de Baja California se convertía en deudor solidario de los desarrolladores, y por lo tanto asumía todos los riesgos financieros.