San Diego. El juez federal Dana Sabraw prohibió ayer la separación de familias de migrantes en la frontera de Estados Unidos con fines disuasorios durante ocho años, bloqueando preventivamente el restablecimiento de una política implementada durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) y que este último no ha descartado si regresa a la Casa Blanca.

Sabraw aprobó tentativamente un acuerdo en octubre pasado entre el Departamento de Justicia y las familias de migrantes representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles. La organización señaló que nadie se opuso formalmente, lo que despeja el camino para poner fin al proceso iniciado hace casi siete años.

El juzgador, quien fue designado por el ex presidente George W. Bush (2001-2009), ordenó el fin de las separaciones de familias en junio de 2018, seis días después de que el entonces presidente Trump las suspendiera por su cuenta en medio de una intensa desaprobación internacional. También ordenó que el gobierno reuniera a los niños con sus padres en un plazo de 30 días.

En virtud del acuerdo, políticas similares a la de tolerancia cero, bajo las cuales el gobierno de Trump separó a más de 5 mil niños de sus padres que fueron arrestados por ingresar ilegalmente en ese país, estarían prohibidas hasta diciembre de 2031.

En tanto, cientos de migrantes que llegan a diario a la frontera sur de Estados Unidos se amontonan en campamentos improvisados en medio del desierto de California, plagado de serpientes y escorpiones, donde sin agua ni abrigo enfrentan el clima extremo y precarias condiciones sanitarias.

Nuevo cierre

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer el cierre, a partir de hoy, del paso peatonal internacional El Chaparral, que conecta con Tijuana, Baja California, porque el personal será transferido para ayudar a la Patrulla Fronteriza a poner bajo custodia a miles de personas que ingresan ilegalmente a ese país.

El cruce peatonal Oeste en San Ysidro, conocido como El Chaparral, cerrará operaciones a partir de las 6 de la mañana, dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A su vez, tras la crisis humanitaria que se ha generado en la frontera de Sonora con Arizona por el flujo migratorio, Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, publicó un exhorto al gobierno de Estados Unidos para que atienda la situación y reabra la garita de Lukeville, que fue cerrada el 4 de diciembre, lo que ha mermado la economía y la seguridad en la región. Solicitó a Biden que asigne miembros de la Guardia Nacional a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

(Con información de Mireya Cuéllar/La Jornada Baja California y Cristina Gómez Lima, corresponsa)