Lima. Los familiares de las víctimas por las que fue condenado a cárcel el recientemente liberado ex presidente Alberto Fujimori pidieron el viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que señale a Perú como un país que desobedece órdenes del más alto tribunal regional en derechos humanos.

Gloria Cano, la abogada de las 25 víctimas por los que Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel en 2009, dijo a la prensa que también han solicitado a la Corte IDH que emita un informe a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, con el fin de que pueda emitir resoluciones que obliguen a Perú a acatar los fallos de la Corte.

“Esta posibilidad está enmarcada en la Convención Americana como garantía colectiva para que los estados cumplan con su deber de cumplir con todos los mandatos de la Corte IDH”, indicó Cano.

Cano, quien es una abogada especializada en derechos humanos por más de tres décadas, comentó que se esta creando un “grave precedente" en Perú para desacatar cualquier disposición de la Corte IDH.

“Lo que está en juego es la esperanza, la legalidad de un orden interamericano en el que cualquier ciudadano puede acudir ante la negación de justicia en el fuero interno”, agregó.

La Corte IDH pidió el martes a Perú abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional peruano que ordenó la inmediata libertad del encarcelado ex presidente hasta que la Corte cuente con los elementos para analizar si la decisión cumple todas las condiciones.

La Corte indicó que realizaba el pedido para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de las víctimas.

Pero el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió el miércoles, sin explicar los motivos, que iba a obedecer al Tribunal Constitucional que con una polémica decisión revivió un indulto presidencial humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Los expertos interpretaron que Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori únicamente para ganar apoyo parlamentario para su débil gobierno de parte de legisladores del partido fujimorista. El indulto fue anulado por la justicia peruana en 2018 y Fujimori regresó a una cárcel hasta que fue liberado el miércoles.

Fujimori no se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil de 15 millones de dólares, según la procuraduría anticorrupción. Por el contrario, dijo en octubre que era inocente de la sentencia de 25 años de cárcel por los 25 asesinatos que un grupo clandestino de militares cometió bajo su conocimiento durante su gestión (1990-2000) en el contexto de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

El ex presidente tiene otras tres sentencias por corrupción, pero la ley indica que se cumple la sentencia con más años de prisión.

Tras una década de gobierno, Fujimori se fugó en 2000 a Japón desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su administración repartiendo fajos de billetes a congresistas opositores. En 2005, viajó a Chile donde fue detenido y luego extraditado a Perú en 2007.