San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), solicitó a los gobiernos estatal y federal la “inmediata liberación” de José Díaz, José Díaz Gómez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desistiéndose de la acción penal”.
Exigió también que “cese el patrón de fabricación de culpables y criminalización en contra de personas defensoras en Chiapas y México, respetando y garantizando los derechos de asociación, manifestación y ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, recordó que el 25 de noviembre se cumplió un año “de la detención arbitraria de Díaz Gómez, por lo que es urgente que las autoridades de Chiapas lo liberen de manera inmediata y reconozcan su inocencia”.
Expresó que José Díaz, indígena chol, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana, por la fabricación de un delito en su contra. Se encuentra recluido en prisión preventiva oficiosa en el penal ubicado en el municipio de Catazajá, situado en el norte de la entidad.
“La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia que opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, afirmó.
Añadió que “su proceso en prisión preventiva se ha visto maliciosamente prolongado. La Fiscalía de Distrito Selva, y el Juzgado de Control que lleva la causa han acudido a la ampliación de plazos de investigación con el fin de retrasar su audiencia de juicio, a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra. Ante la falta de pruebas reales han continuado de manera articulada con una simulación a costa de su libertad”.
Adicionalmente, continuó, “el procedimiento ha sido retrasado debido a la falta de debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado. Hace poco más de dos meses fue asignado un nuevo defensor público quien no se ha entrevistado con José Díaz para actualizar su estado penal y necesidades de acceso a la justicia. En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”.
El Frayba comentó que “el 15 de noviembre de 2023, pidió ante el Juzgado de Control de Catazajá, la modificación de sus medidas cautelares a la de estar sujeto a proceso en libertad condicionada, ya que tiene dos hijos menores de edad y esposa, quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, sicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”.
Aseguró que “la fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”.