Guanajuato, Gto. El Congreso del estado de Guanajuato reformó la Ley del Notariado para facilitar los procesos penales contra los notarios públicos o personas que usurpen funciones de notarios para cometer fraudes inmobiliarios, como el perpetrado por la firma Punto Legal, que asciende a 40 millones de pesos, en complicidad con fedatarios.

El dictamen de la Comisión de Justicia señala que es importante la coordinación, inspección y vigilancia de la función notarial “no puede ser eficaz si no se dota a la Secretaría de Gobierno de un marco normativo procedimental que le permita la imposición de las sanciones” administrativas para retirar el Fiat -autorización para ejercer funciones de notario- y si hay un ilícito dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La reforma al artículo 27-a de la Ley de Notariado estipula que se aplicarán las penas del artículo 235 del Código Penal a quien careciendo de Fiat o licencia de notario auxiliar ejerza funciones notariales. Las modificaciones, aprobadas por unanimidad, contemplan diversas reformas, adiciones y derogaciones de artículos de la ley.

El artículo 235 del Código Penal establece que “a quien ejerza los actos propios de una profesión o especialidad sin tener título o autorización legal, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa”.

“La propuesta cuyo dictamen hoy se presenta tuvo su origen en diversos diálogos con familias en nuestro estado en los que nos compartieron quejas y denuncias ante las actuaciones de algunos notarios que son pruebas fehacientes de francos abusos, actos indebidos y prácticas ilegales que no debemos permitir”, expuso en tribuna el diputado panista, Miguel Ángel Salim, uno de los promotores de la reforma.

Recordó que la Fiscalía General del Estado integró 150 carpetas de investigación por un fraude que asciende a los 40 millones pesos, cometido por el despacho Punto Legal, en complicidad con cinco notarios públicos.

Cabe mencionar que los defraudadores publicaban en Facebook supuestos remates bancarios de casas, a las víctimas les hacían creer que firmaban contratos de compra-venta, pero en realidad eran de prestación de servicios. Las casas tenían dueños o eran vendidas varias veces en complicidad con notarios.

“A los notarios que no han hecho las cosas correctamente, la justicia los va alcanzar”, advirtió Miguel Ángel Salim, durante la sesión del Congreso a la que asistieron víctimas de Punto Legal.

La propuesta de reforma fue socializada con ciudadanos, notarios, instituciones educativas y expertos para lograr un auténtico cambio estructural para dar certeza jurídica a los actos que se protocolizan ante notarios, recordó el diputado.

“Los cambios nos ayudan a facilitar la colaboración entre las autoridades administrativas y la Fiscalía General del Estado, para que se actúe sin vacilaciones ante abusos en el uso de la fe notarial”, explicó Salim Alle.

Agregó que la reforma incluye mayores controles, fortalece a las unidades administrativas que supervisan las notarías, sanciones más severas y la tecnificación de los servicios.

“La reforma nos permitirá aprovechar la tecnología para fortalecer el control sobre notarios, por medio de imágenes digitalizadas y el uso de la firma electrónica, para mantener una supervisión permanente sobre los actos en los que ellos participen”, puntualizó.

Precisó que aumentan las sanciones para retirar el Fiat a notarios que falten a la confianza de los ciudadanos.

“Por su incidencia y gravedad, conductas que hoy se castigan con una suspensión, pasarán a ser causales de revocación, por lo que la autoridad administrativa contará con las herramientas jurídicas suficientes para dar de baja a notarios”, explicó Miguel Ángel Salim.

Advirtió que con las modificantes no permitirá que los notarios mantengan folios sin utilizar habiendo hecho uso de subsecuentes.

“Aquí aprovechan para hacer transas en testamentos”, reveló.

“No habrá tibieza para actuar en contra de aquellos que ejercen funciones sin causa justificada fuera de las ubicaciones que les han sido autorizadas, no seremos tolerantes ante el uso indebido de la documentación notarial y no permitiremos actuaciones fuera de los lugares de adscripción que no se contemplen en la ley en la materia”, sentenció el legislador.