El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido históricamente la última instancia de control comicial de las facciones políticas dominantes: su palabra es la última en los litigios de esta índole y, obviamente, las acusaciones de fraudes electorales y otras pillerías han sido procesadas en este tribunal a modo de los intereses de los partidos y grupos de poder que han nombrado a los magistrados, en un abierto reparto de cuotas.
Centrada la atención en el Instituto Nacional Electoral (INE), su consejo general y su presidencia (muy áspera fue la batalla al final del periodo de Lorenzo Córdova, finalmente sustituido por Guadalupe Taddei, accesible a las necesidades de la 4T), poca observación crítica se ha ejercido sobre el citado tribunal, cuya composición actual, más allá de las altas o bajas credenciales jurídicas de sus participantes, proviene de arreglos políticos y partidistas del pasado, sin conexión con la nueva realidad nacional surgida a partir del triunfo obradorista de 2018.
Al igual que en su relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con organismos autónomos
de variadas denominaciones y jurisdicciones, el gobierno obradorista no ha podido establecer relaciones que le sean satisfactorias, en parte por las distorsiones de los personajes encargados del trato con el Poder Judicial de la Federación, como el ex consejero jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra, o la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y, en ocasiones, el cachazudo fiscal Gertz Manero; pero también porque, de manera estructural, la constitución de esos órganos judiciales corresponde a otra visión y a otras inclinaciones.
Ayer, en un episodio más de esas guerritas de minifacciones en el TEPJF (tres contra dos), Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Soto presionaron para conseguir que renunciara a la presidencia del tribunal el calderonista magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien apoya Janine Otálora.
Lo estrambótico del más reciente episodio ha sido que, ante la exigencia de que renunciara al cargo, el presidente Rodríguez Mondragón aceptó que hubiera un receso de 15 minutos
en la sesión plenaria, para tratar de negociar si debería responder a esa exigencia al momento o el próximo lunes y, a la mera hora, por teléfono anunció a la tercia en su contra que no regresaría a la reunión.
Las historias de corrupción y abusos son varias. Por ejemplo, a Rodríguez Mondragón se le acusa de propiciar la intervención
irregular de despachos privados de litigantes en asuntos del tribunal y de cobrar moches por ingresos y promociones laborales. Además, siendo los depositarios de la última resolución de los conflictos electorales que llegan a ese nivel, son cortejados y seducidos por los interesados.
En ese ambiente de descomposición institucional y ética quedarán las definiciones de la próxima elección federal que apunta a ser ríspida y cargada de acusaciones. El panorama judicial electoral es preocupante, gane la facción que gane, presida quien presida ese tribunal (en años recientes, a causa de esas reyertas internas, han desfilado por el timón Janine Otálora, Felipe Fuentes, José Luis Vargas y el casi saliente Rodríguez Mondragón, ahora con Mónica Soto como principal aspirante al relevo, entre versiones de que ella y sus dos partidarios se han prestado a una maniobra urdida desde Palacio Nacional).
Así va el polémico caso: luego de su detención en CDMX y posterior traslado a la capital de Nuevo León, Alfredo Jalife-Rahme ha quedado sujeto a proceso penal, pero lo llevará en libertad. Tatiana Clouthier está convencida de que la vía penal, y no la civil, es la que corresponde al caso, en razón del domicilio de la acusadora. El presidente López Obrador ha defendido la libertad de expresión y se ha manifestado contra la censura. Y los adversarios del obradorismo-claudismo analizan la posibilidad de promover en Nuevo León acusaciones por difamación contra personajes de la 4T. ¡Hasta el próximo lunes!
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