Organizaciones no gubernamentales y defensores del medio ambiente exigieron que las autoridades responsables investiguen, esclarezcan y sancionen a los responsables por la desaparición forzada y asesinato del activista Higinio Trinidad, de la Cruz, y que se llegue a la verdad y se haga justicia.
En conferencia, Eduardo Mosqueda, de la organizadora Tsiki; Fernanda Venzón, abogada principal para América Latina del Envirimental Defender Law Center (EDLC) y Laura Furones, de la organización Global Witness, demandaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen y sancionen a los responsables por todos los anteriores homicidios, desapariciones, y minería ilegal en el territorio de la comunidad de Ayotitlán.
"Que el gobierno de la República garanticea seguridad integral de las comunidades y defensores de la comunidad, luego de haber recibido amenazas por parte de un abogado, incluyendo la presencia permanente de la Guardia Nacional en la municipalidad de Cuatitlán tal como se ha hecho en otros municipios de Jalisco".
También pidieron que el gobierno federal suspenda las operaciones mineras de Peña Colorada hasta que se pueda asegurar la protección y seguridad de los defensores de la comunidad de Ayotitlán".
Laura Furones expresó que lamentablemente las personas defensoras son atacadas de manera sistemática en muchos países del mundo y recordó que México ocupa el cuarto lugar del mundo con el mayor número de defensores asesinados.
A finales de noviembre, Higinio Trinidad de la Cruz, activista del ejido nahua de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán al sur de Jalisco, fue localizado sin vida a menos de 24 horas después de haber sido privado de la libertad por un grupo armado en esa región de la sierra de Manantlán.
La víctima además de defensor ambiental de la comunidad nahua en el ejido de Ayotitlán, también era promotor comunitario con proyectos de desarrollo sustentable apoyado por instancias internacionales.
Las ongs afirmaron que Higinio recibió amenazas desde febrero pasado luego de conceder entrevistas a medios sobre la defensa del territorio y de estar en contacto con el mecanismo federal de protección, "gente armada entró a su domicilio y lo amenazó. Para su protección, dicho mecanismo cercó si casa con malla ciclónica, medida no idónea ".
Agregaron que la última vez que vieron al activista fue cuando el presidente municipal de Cuatitlán de García Barragán lo citó para una reunión el 24 de noviembre. "El defensor asistió a la reunión y se le vio entrar a la presidencia municipal, son embargo, en ningún momento se observó que saliera por el ingreso principal".
