Zacatecas, Zac. Este miércoles el pleno del Congreso local dio entrada al dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, para constituir legalmente y que entre en operación el Centro de Sanciones Administrativas de Zacatecas (Cesaz), la prisión administrativa para personas sorprendidas conduciendo automóviles bajo el influjo de bebidas alcohólicas, que en otras ciudades se conoce como “Torito”.

El Cezas dará servicio a la capital de Zacatecas y el municipio conurbado de Guadalupe, y su construcción –paradójicamente-, fue financiada por Cervecería Grupo Modelo, de la trasnacional AB-InBev. En agosto de 2022, se anunció oficialmente que el inmueble –que será administrado por el gobierno estatal a través de la Policía de Seguridad Vial-, estaba listo para iniciar operaciones

Elena Cárdenas Vargas, representante en la entidad de la Fundación AB InBev, informó a medios locales que, con esta acción, “se busca reducir el consumo nocivo de alcohol y promover una cultura de responsabilidad”, pues acotó que “es preciso aceptar que en Zacatecas existe un problema –de alto consumo de bebidas alcohólicas-, pero ese problema, juntos, a través de la sinergia entre la iniciativa privada y el sector público, se puede resolver”.

Por ello la Fundación AB InBev decidió aportar 350 mil dólares, aproximadamente siete millones de pesos al momento de la transacción), para la construcción del Cesaz, ubicado sobre la avenida Nezahualcóyotl, en la colonia CNOP, de la capital zacatecana.

Sin embargo, por falta de equipamiento –a cargo de la administración estatal-, y de la normatividad legal para su operación, la entrada en operación del “Torito” zacatecano, se había aplazado.

Pero éste miércoles, al presentarse el dictamen legislativo que se prevé, será aprobado por todas las fracciones legislativas, el diputado Ernesto Romo González, de Morena, quien preside la Comisión de Transparencia, denunció en conferencia de prensa que hay un “acuerdo”, por el cual se modificó el dictamen inicial, para eliminar la obligatoriedad de que agentes y policías de vialidad, usen cámaras de video para grabar en vivo los operativos - alcoholímetro.

Esa parte eliminada, dijo el diputado Romo González, iba a evitar actos de extorsión y corrupción, pues actualmente, dijo, se estima que son los funcionarios corruptos de la Policía de Seguridad Vial y los propios agentes, quienes piden altas sumas de dinero a automovilistas infractores, quienes presuntamente pagan hasta seis millones de pesos en sobornos, al año.

Para modificar el dictamen respectivo, previo a su lectura ante el pleno, indicó el legislador de Morena, “se buscaron todos los resquicios legales posibles para convertir el tema del Torito en un nido de corrupción. Lo que buscan es imponer sanciones desmedidas y dejar atribuciones sin ningún control, para que la autoridad administrativa pueda acosar y hostigar al ciudadano y con esto se genere un proceso de corrupción”.

“La intención que se puede observar en el dictamen leído al pleno es que el ciudadano prefiera sobornar a las autoridades para evitar multas tan altas, lo que al final traerá como consecuencia un negocio ilícito entre oficiales corruptos, grúas y corralones; se prepondera la corrupción sobre la concientización”, afirmó el legislador, quien lamentó que existe consenso, dijo, al interior de las fracciones legislativas, incluida la de Morena, para aprobar así el dictamen. De esta forma, para las festividades navideñas, estará operando el “Torito” zacatecano, sin transparencia.