El pasado 3 de diciembre el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Enríquez, publicó una noticia que resulta preocupante por lo que puede desatar en activación de agresiones a comunidades zapatistas, justo a unos días de que se cumplan 30 años de alzamiento del EZLN, en cuyo contexto se recuperaron tierras que han ocupado en forma pacífica, continua y pública desde 1995, por cierto no exenta de agresiones de grupos civiles armados para provocar su desplazamiento forzoso. Se trata de la reseña de una entrevista a Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del consejo de vigilancia de la asociación civil Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto (La Jornada 3/12/23) quien informó que “un juez federal” emitió una sentencia que ordena al gobierno federal indemnizar por las “41 mil 937 hectáreas ocupadas por los zapatistas en 1994, y fueron afectados más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas que quedaron en la llamada zona de conflicto, luego del alzamiento”. No precisó cual juez ni la fecha y contenido de la resolución, sólo indicó que “acaba de salir” al comprobar que las autoridades fueron omisas en la defensa de sus derechos y señaló que desde entonces ellos y sus familias han sufrido desplazamiento interno forzado y ahora están dispuestos a que la sentencia se cumpla y se forme de inmediato una comisión: “ya no vamos a esperar más”.
A reserva de contar con mayor información jurídica y conocer la argumentación de la parte oficial demandada, es importante que, al parecer, no se incluye el escenario de recuperación de las tierras ni exigencia al respecto, y según el entrevistado se trata de obtener indemnización; sin embargo, salta a la vista la inmediata implicación política. El tema de la recuperación de las tierras ocupadas ha sido el motor de la gran mayoría de las agresiones sufridas por el zapatismo y las negociaciones que los gobiernos federal y estatal hicieron en su momento con quienes ostentaban las tierras referidas, incluido según trascendió entonces, el pago a algunos de ellos “a manera de indemnización” nunca se transparentó ni formalizó. Así lo señaló Barbara Zamora: “Estas tierras, en su momento, fueron pagadas por el gobierno federal a los hacendados, que se ostentaban como los propietarios” (La Jornada, 3/1/14).
Por otra parte, es casi seguro que de la parte gubernamental no existe disposición para cumplir lo que supuestamente le ordena el Poder Judicial. Ignoramos si tendrá respuesta en ese ámbito para impugnar en su caso y el escenario político en la entidad no augura intervención que detenga los afanes “justicieros” de quienes se sienten con el derecho reconocido.
Tampoco se puede esperar una política de contención en favor del zapatismo. No ha existido justicia en las sucesivas agresiones que han escalado los últimos años. En suma, se trata de una información sobre una resolución judicial que puede detonar un incremento de la tensión contra el zapatismo y en ese escenario sólo queda reforzar y reactivar la atención y defensa desde fuera, pues adentro ellos ya saben cómo proceder tienen experiencia probada. Siempre asalta la idea de no dar crédito a este tipo de noticias; sin embargo, no podemos olvidar que la buena fe no campea en los ámbitos sociales y políticos de la entidad chiapaneca.
Algo a destacar en la construcción autonómica del zapatismo es que las llamadas tierras recuperadas son el asiento de su territorio. Tal como se le define en el Convenio 169 de la OIT es la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. En algún momento quienes reclaman las tierras les han acusado de que las tienen ociosas. Ignoran que las escuelas, las clínicas y todos los espacios comunitarios aun las viviendas se asientan en ellas.
Es oportuno recordar que la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas difundió en 2018 el informe sobre su visita a México. Un párrafo lo dice todo: las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.
En ese contexto podemos valorar el mensaje de una sentencia que dicen reclamar pago por unos derechos violados supuestamente hace 30 años. Mientras el zapatismo se dispone a conmemorar esos 40 y 30 años de existencia con un paradigma que nos involucra a todos en cualquier parte del mundo: la lucha es por la vida. Y en un plazo tan largo que no cabe en los sexenios, menos aún en las llamadas indemnizaciones.
