Caracas. Las autoridades electorales venezolanas oficializaron este lunes que fueron aprobadas por abrumadora mayoría las cinco preguntas de un referendo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para reclamar soberanía sobre una gran franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo.
Guyana considera que el referendo es un paso de Venezuela hacia la anexión y que la votación puso nerviosos a sus habitantes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó al mandatario venezolano que, tras el escrutinio de 98.16 por ciento de los votos, el sí se impuso por abrumadora mayoría en las cinco preguntas planteadas en el referendo. Cada una de ellas con más de 95 por ciento de los votos.
En la consulta, se preguntaba a los venezolanos si apoyaban el establecimiento de un nuevo estado en el territorio en disputa, conocido como Esequibo, en el que Venezuela otorgará ciudadanía a los residentes actuales y futuros. Esa postura rechazaba a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas,a Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el desacuerdo entre los dos países sudamericanos.
No está claro cómo pretenden las autoridades venezolanas concretar la idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio una vez lo declare parte de Venezuela, actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital.
“Este referendo es vinculante y acató el mandato del pueblo”, apeló el mandatario. Y, adelantó, “ése es el rumbo como jefe de Estado" que "tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante", dijo Maduro durante su intervención en la ceremonia.
Las implicaciones prácticas y jurídicas del referendo siguen sin estar claras.
Maduro manifestó que fue "una participación histórica para un referendo, que está superando el 51 por ciento” cuando todavía falta actas de votación por procesar, indicó.
Pese a que en los comicios la concurrencia de electores pareció muy escasa, Elvis Amoroso, presidente de la directiva del CNE, destacó que en el referendo participaron más de 10.4 millones de venezolanos de los 20.6 millones mayores de 18 años, inscritos dentro del país, que eran elegibles para votar.
En la víspera, Amoroso no dejó claro si la cifra anunciada entonces —ligeramente inferior a la actual y sin dar detalles tales como el porcentaje de abstención— efectivamente era reflejo del número de electores que fueron a sufragar o si se refería a cinco votos por cada persona, dadas las preguntas que debía responder cada elector.
Venezuela y Guyana se disputan el denominado Esequibo, un territorio continental de unos 159 mil 500 kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española.
El gobierno del presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, catalogó el referendo como una “amenaza existencial” ideada para allanar el camino hacia la anexión de dos terceras partes de su país y pidió a la CIJ en noviembre que emitiera urgentemente una serie de órdenes, siendo una de ellas la de detener el referendo y eliminar tres de las cinco preguntas.
Venezuela saludó que la Corte en su dictamen del viernes pasado no fue determinante respecto al referendo, pero insistió en que no reconoce al máximo tribunal de Naciones Unidas como medio de resolución de la disputa. Esa postura, establecida en unas de las preguntas, fue respaldada por los electores, con el 96.31 por ciento de los votos.
Maduro insiste en la postura histórica de Venezuela de resolver el litigio mediante negociaciones en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra suscrito con Reino Unido el 17 de febrero de 1966, justo 98 días antes de lograr su independencia. En ese entonces, Londres reconoció el reclamo de Venezuela, abriendo la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.
En 2018, Guyana inició una demanda ante la CIJ para que ratifique el fallo de 1899, cuando Guyana era una colonia británica en la región. En abril, la Corte emitió una sentencia contra Venezuela y se declaró competente para seguir con el caso.