S ucedió a principios de 1996, en el Centro Coordinador Mayo, ubicado en el municipio de El Fuerte, Sinaloa. En San Andrés Larráinzar, Chiapas, acababan de firmarse los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la finalidad de encontrar paz con justicia y dignidad, para los indígenas y para el país; en el municipio norteño de Choix, Sinaloa, mientras tanto, en el Instituto Nacional Indigenista, dirigido por Carlos Tello, se había emprendido la defensa de los indígenas mayos afectados por la construcción de la presa Luis Donaldo Colosio, más conocida como presa Huites.

Los indígenas inconformes reclamaban que sus tierras y su poblado habían sido invadidos y ellos desplazados por la construcción de dicha obra, sin que la Comisión Nacional del Agua los indemnizara conforme a derecho.

Durante ese proceso, el abogado del departamento jurídico del Centro, que era en quien descansaba la defensa jurídica, comenzó a jugar sus cartas contra sus representados, y como representante del equipo del Centro le pedí su renuncia. Colocados en esa situación hubo que buscar sustituto, y cuando se valoró quien podría serlo nos dimos cuenta de que en la institución sólo había un pasante que cursaba la carrera de derecho y ciencias sociales en la Universidad de Occidente.

Lo llamamos, le preguntamos sobre sus conocimientos en la materia y, convencidos de que contaba con los suficientes para ocuparse del cargo, de inmediato lo colocamos como titular del departamento. No sabíamos casi nada de él, sólo que se llamaba Guadalupe Espinoza Sauceda. Era un mayo nacido en la comunidad de Baca, en el municipio de Choix, y cursaba la carrera de derecho en una universidad estatal. Nada más. Pero no había opción y lo dejamos con la responsabilidad.

No nos equivocamos. El tiempo que estuvo ocupando el departamento jurídico, todavía en calidad de becario, desempeñó el puesto de manera eficiente, lo que le valió que al terminar su servicio social se le extendiera el nombramiento oficial, devengando el sueldo que le correspondía. Lo hizo de manera ejemplar; tanto, que en poco tiempo fue ascendido al puesto de director jurídico de la delegación. Ahí estaba cuando la Procuraduría Agraria convocó a profesionistas para formar su cuerpo de visitadores. Ansioso por ascender, renunció a su trabajo y se fue a presentar el examen.

Lo aprobó y se integró a la naciente institución agraria, iniciando una carrera entre lo indígena y lo agrario que lo marcaría profesionalmente. Agobiado por la burocracia y las presiones políticas, abandonó la Procuraduría Agraria y emigró al centro del país, donde trabajó por varios años en la delegación Tlalpan, hasta que también se cansó y se fue de migrante a Estados Unidos.

Cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República y prometió cumplir los Acuerdos de San Andrés, varias organizaciones me convencieron de incorporarme a la administración del Instituto Nacional Indigenista para operar su cumplimiento. Acepté, y al integrar el equipo de trabajo, lo recordé y busqué para que formara parte de él.

Hicimos lo que pudimos, y como los acuerdos no se cumplieran, renunciamos. Con un amplio sentido de responsabilidad y visión política, Guadalupe fue quien más insistió en que nos fuéramos rápido, porque quedarnos significaba avalar actos de gobierno en los que ya no creíamos. Y nos fuimos. Antes, con instituciones del sector agrario analizamos el problema de los conflictos y sentamos las bases para lo que después fue el Programa de Focos Rojos. Después, nuestros caminos se bifurcaron. Él se fue a Jalisco a defender a los afectados por la presa El Zapotillo.

De ahí en adelante su carrera profesional se desenvolvió entre el litigio y la escritura. Para llevarla a cabo creó, junto con otros compañeros, varias asociaciones civiles. Asesoró litigios sobre defensa de tierras, aguas, minería y medio ambiente. A eso dedicaba la mayor parte de su tiempo, lo que no le impedía reflexionar y escribir sobre diversos temas: conflictos agrarios y desarrollo indígena, en los que fuimos coautores, también escribió temas de la región de donde es originario.

Lo último que publicó fue sobre el Partido Liberal Mexicano y la revolución entre los mayos, donde rescató del olvido las figuras de Fernando Palomares y Felipe Bachomo, El Misi. Cuando el doctor Víctor Toledo aceptó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo invitó a acompañarlo en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, y ahí se mantuvo aun después de la renuncia de aquel.

Todo esto recordé el pasado 28 de noviembre, cuando el Senado de la República lo nombró magistrado del Tribunal Superior Agrario. Me dio mucho gusto por él, porque se lo merece, pero también por su trayectoria, que es garantía de que los campesinos y los indígenas cuyos asuntos le toquen resolver contarán con una justicia pronta y expedita.