Moscú. La Suprema Corte de Rusia reconoció hace poco como válida la prohibición de una organización, calificada de “extremista” por el ministerio de Justicia, que en realidad no existe, insólito fallo acorde con la actitud del presidente Vladimir Putin, convencido de que las relaciones sexuales de personas de un mismo sexo son una aberración y de que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

Proscrito en territorio ruso, el llamado “Movimiento Social Internacional LGTB” no está registrado en Rusia como sede ni tampoco es filial de ninguna organización no gubernamental foránea. La Suprema Corte tampoco permitió que la organización fundada la víspera del juicio por parte de una treintena de activistas locales, a título personal y como miembros de varias agrupaciones, pudiera presentar sus alegaciones contra las acusaciones.

“En verdad no es un movimiento, tampoco una organización. Carece de registro en Rusia, no tiene estatutos ni otros documentos o estructuras que pudieran considerar este ‘movimiento’ siquiera como un todo único”, opina Valeria Vetoshkina, experta de Pervy Otdel (Departamento Uno), grupo de abogados y activistas de los derechos humanos.

Ahora, coincide la también jurista Ksenia Mijailova, cualquier organización LGTB+ puede ser clausurada con tan sólo decir que es sucursal del proscrito movimiento, mientras sus integrantes pueden ser condenados hasta seis años de privación de libertad y sus dirigentes, hasta diez.

Para otro experto en leyes que afectan a los homosexuales y a otras personas que defienden el derecho a elegir su género, Aleksandr Verjovsky, existe el riesgo de que cualquier asistencia de un activista ruso a una conferencia en otro país o la publicación de un artículo en revistas de esa temática pueda ser catalogada por las autoridades como prueba de su participación en un “movimiento social internacional”, prohibido en territorio de Rusia.

El fallo de la Suprema Corte, además, dicen los estudiosos del tema, dificulta sobremanera la labor de las organizaciones que se dedican a otorgar asistencia legal a la comunidad homosexual como son la Fundación Sfera (Esfera), el Centro de Recursos para LGTB+, el portal Muchachos Plus o el Grupo LGTB+ Vyjod (Salida).

El hecho de que la Suprema Corte, máxima instancia del poder judicial, a instancias del Kremlin, declarara fuera de la ley a un supuesto “movimiento social internacional” cuya actividad “causa discordia religiosa y social” en Rusia, según la parte acusadora, se interpretó en el aparato represivo y en la televisión pública como luz verde para arremeter contra todo lo que suene a LGTB+.