San Cristóbal De Las Casas, Chis. Un juez ordenó al gobierno federal indemnizar a los propietarios de tierras de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, que quedaron en la llamada zona de conflicto, luego del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, informó Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del consejo de vigilancia de la asociación civil Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto.

Explicó que de acuerdo con la resolución del juez, a las autoridades federales y estatales les corresponde solucionar el problema, pues no nos dieron el respaldo de la justicia y reivindicarnos por las pérdidas que sufrimos.

García Álvarez agregó: acaba de salir la sentencia de un juez federal en la que manifiesta que las autoridades fueron omisas y por eso hemos sufrido el desplazamiento interno forzado y andamos vagando por todo el estado, de un lado para otro, sin el respaldo de la ley y mucho menos que haya habido la reivindicación de nuestros derechos y sin la reintegración digna en nuestros lugares de origen.

Zona de conflicto

Entrevistado en esta ciudad, sostuvo: fuimos desplazados hace 29 años de la llamada zona de conflicto, cuando el EZLN declaró la guerra al gobierno federal y desde entonces hemos estado en carácter de exiliados internos, sin contar con el apoyo de las autoridades. Comentó que con la ocupación de 41 mil 937 hectáreas por los zapatistas en 1994, fueron afectados más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, pero 29 años después, según el fallo del juez, al gobierno le corresponde indemnizarnos con justicia, nombrar una comisión de inmediato que nos atienda y seamos resarcidos de todas las pérdidas que sufrimos en propiedades, maquinaria y ganado.

El consejero solicitó a las autoridades de las tres instancias de gobierno hacer caso de inmediato. Somos cientos de propietarios que hemos sufrido el abandono del Estado mexicano.

Insistió: estamos esperando que se cumpla ese fallo porque es una orden judicial y no podemos seguir en el abandono y sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron. Exigimos que el gobierno federal y estatal cumplan con su deber. Demandamos una solución digna, y según la sentencia del juez federal, corresponde a los gobiernos pagarnos lo que a justicia corresponde, mencionó.

Estamos esperando que se cumpla esa sentencia y ya no vamos a esperar más, lo vamos a exigir, porque es una orden judicial para que se ejerza de inmediato; no podemos seguir sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron. Exigimos que el gobierno federal y estatal cumplan con lo que dice la sentencia, insistió.

Entre las últimas acciones de los propietarios de las tierras está una protesta que realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México hace un año.