El conflicto se originó por un doble equívoco: por una parte, el empecinamiento de García de separarse temporalmente de su cargo a sabiendas de que sus rivales políticos en el Congreso han buscado deponerlo desde el inicio de su gestión; por otra, el desprecio de los legisladores priístas y panistas hacia la voluntad popular y su afán de apoderarse de la gubernatura mediante maniobras que violentan el orden democrático. A partir de que el Congreso le otorgó al emecista el permiso para separarse de sus funciones el 25 de octubre, comenzó una serie de jaloneos por el nombramiento de su sustituto, los cuales desembocaron invariablemente en tribunales. Cabe destacar que los recursos presentados por el blanquiazul y el tricolor se resolvieron en tiempos récord, mientras los del partido naranja siguen congelados.

En vísperas de que tomara efecto la licencia de García Sepúlveda, el juez tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó nuevamente el nombramiento del ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. En la que fue una muestra excepcional de sensatez en esta saga, el togado determinó que debe observarse la sentencia del Tribunal Electoral, en el sentido de que el Congreso debe respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto. Sin embargo, horas después el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo una nueva ocasión para exhibir sus filias partidistas y su talante antidemocrático, y ordenó que Orozco Suárez asumiera como gobernador sustituto. La sentencia del miembro del máximo tribunal se produjo con una celeridad inédita y con un desaseo inaudito: de acuerdo con los registros electrónicos de la propia Corte, el fallo fue emitido antes de ser admitido a trámite. Asimismo, se difundió en redes sociales antes de ser notificado a las partes, lo que genera la impresión de que se buscó presentar la asunción de Orozco como un hecho consumado sin dejar margen alguno de acción al gobernador constitucional.

Este personaje no sólo tiene lazos partidistas bien conocidos con el PRI, sino que está absolutamente desprestigiado dentro de la sociedad neoleonesa: era vicefiscal del Ministerio Público cuando la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue desaparecida y asesinada, y formó parte de los simulacros de investigación que impidieron hallar el cuerpo de la víctima durante 13 días. Los padres de Debanhi lo señalan como una de las personas que obstaculizaron las pesquisas y construyeron la versión de una muerte accidental, por lo que reprocharon la falta de vergüenza, corazón y dignidad de los diputados que lo nombraron gobernador interino.

El hecho es que ayer Nuevo León amaneció con dos gobernadores y que de momento no se avizora una solución a esta crisis, pues las leyes locales no contemplan mecanismos para restituir en su cargo a un mandatario con licencia. Mientras el Congreso sostiene que García ya no se encuentra en el cargo, éste aseguró ayer que ha retomado plenamente sus funciones, y denunció que los legisladores prianistas intentaron constantemente extorsionarlo con el nombramiento de su sustituto a cambio de que les cediera la fiscalía y diera carpetazo a todas las indagatorias por corrupción de hacia los integrantes de esos partidos. De este modo, la sedición de panistas y priístas, junto a la impericia política del emecista, han engendrado un crisis que no tiene razón de ser y que deja como principales afectados a los habitantes de este gran polo industrial y financiero, quienes quedan como rehenes de las luchas de poder entre representantes y funcionarios irresponsables.