Ciudad de México. En México, las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo vulneradas y criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta y demandar justicia, como lo demuestran en particular los casos de las activistas indígenas Kenia Hernández y Pascuala López, quienes han sufrido encarcelamiento, amenazas y ataques graves.

Así lo afirmaron las organizaciones participantes en la Misión Civil de Observación en Derechos Humanos, que visitó diversos estados de las zonas centro y sur del país del 22 al 30 de noviembre pasado, y cuyos integrantes presentaron ayer los principales hallazgos y conclusiones de su recorrido.

En conferencia de prensa, Diana Riva, legisladora del Parlamento Europeo, del grupo de Los Verdes/Alianza Europea, lamentó que en México los defensores de derechos humanos se ven vulnerados por denunciar temas como los abusos de empresas extractivistas, al tiempo que las personas que buscan a sus familiares desaparecidos también están expuestos a múltiples agresiones.

En ese marco, resaltó que la Misión Civil de Observación –integrada por diversas organizaciones civiles mexicanas, además de periodistas y activistas de países europeos—pudo documentar la persistencia de la criminalización de los defensores de derechos humanos en el país, como lo deja ver el caso de Kenia Hernández.

La luchadora social, quien fue detenida en octubre de 2020, “sufre impactos devastadores tras tres años en reclusión en máxima seguridad, enfrentando condiciones inhumanas”, dijo Riva, quien denunció que a la Misión le fue negado el acceso al reclusorio donde está Hernández, por lo que no pudieron visitarla.

Otro caso que fue destacado en la rueda de prensa fue el de la activista indígena Pascuala López, quien exige justicia para su hijo Mateo Gómez, asesinado en 2020 en el estado de Chiapas, luego de haberse negado al reclutamiento forzoso de grupos del crimen organizado.

La propia mujer señaló que, por denunciar la muerte de su hijo, ha sido agredida, golpeada y amenazada gravemente, con actos que incluyen el incendio de su vivienda en San Cristóbal de las Casas.

Tras exigir la liberación de sus compañeros de lucha, entre ellos el ejidatario Pedro Hernández López, la luchadora social recalcó: “Si me pasa algo a mí, voy a dejar responsable al gobierno, porque sabe todo el problema. Me dicen que no puedo hablar, porque soy una mujer indígena que no sabe leer, pero nunca me voy a dejar, y voy a buscar justicia, porque soy una madre y tengo derecho de hablar”.

Integrantes de otras organizaciones civiles añadieron que durante su visita a los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas, también pudieron documentar agresiones contra mujeres defensoras, migrantes, comunidades indígenas, familiares de personas desaparecidas, víctimas de desplazamiento forzado y periodistas.