Desde la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, así como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en 1791, el reconocimiento de los derechos humanos ha sido de manera paulatina y progresiva para los distintos grupos, comunidades y personas en el mundo.
Si bien, el establecimiento de acuerdos y estándares internacionales, regionales y nacionales en dicha materia es un avance para vivir en condiciones dignas, su ejercicio y garantía aún encuentran retos y desafíos. Esto se agudiza cuando los estados omiten los contextos y las necesidades diversas de sus poblaciones para vivir dignamente.
Ante ello, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró el Examen Periódico Universal (EPU) en 2006, mecanismo de rendición de cuentas en materia de derechos humanos que se realiza hacia los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este proceso se inició en 2008 y se lleva a cabo cada cuatro años, cuando se presenta un informe analítico de manera exhaustiva sobre la situación de estos derechos en cada país, cuya finalidad es evaluar y brindar recomendaciones a cada Estado para que puedan fortalecer y abonar a la protección de los derechos humanos, la participación política y la democracia en sus territorios.
En México, donde, en promedio, hay 11 feminicidios diarios; asesinatos constantes a personas defensoras de la tierra y el territorio; un incremento desmesurado de grupos criminales; con más de 100 mil personas desaparecidas y un aumento en el cierre del espacio cívico, se vuelve necesario llevar a cabo este ejercicio de análisis hacia el gobierno mexicano.
A raíz de estas inquietudes se constituyó el Colectivo EPU.MX, coalición de más de 200 organizaciones de la sociedad civil que laboran en la promoción de la defensa y la protección de los derechos humanos en el país. El objetivo de este organismo es incidir activamente en la exposición del Examen Periódico Universal en la Asamblea General de la ONU y en las recomendaciones emitidas sobre situación de derechos humanos en México a través de actores y dependencias gubernamentales correspondientes.
Para este cuarto ciclo del examen, desde el Colectivo se presentó un informe general, en el cual se abordaron los principales problemas estructurales que continúan perpetuando la impunidad y las graves violaciones a derechos humanos, como la militarización, el crimen organizado y el debilitamiento del espacio cívico y organismos autónomos.
Asimismo, se hicieron 17 informes temáticos, cuyo fin es compartir una radiografía sobre algunas de las problemáticas que atañen a nuestro país, que son tortura; pueblos indígenas; personas desaparecidas; violencia contra las mujeres; migraciones; población LGTBTTIQ+; protesta social; discapacidad; niñez, adolescentes y juventudes; personas defensoras y periodistas; empresas y derechos humanos; desplazamiento interno forzado; militarización; personas privadas de la libertad, y sistema penal e impunidad. (https://centroprodh.org. mx/colectivo-epu-mx-quienes-somos/).
A pesar de la recomendaciones emitidas a México por las delegaciones de derechos humanos, continúan pendientes el cumplimiento y seguimiento de gran parte de las 262 recomendaciones expresadas en el periodo pasado del examen periódico universal en 2019.
Por tanto, es indispensable que la participación del gobierno mexicano en la Asamblea General no sea sólo un check-in en sus compromisos internacionales, sino que recupere los diálogos con sociedad civil e instancias correspondientes para la construcción de estrategias y fortalecimiento de políticas públicas con el fin de atender la crisis de derechos humanos que hay en el país.
Como lo ha señalado el Colectivo EPU.MX, necesitamos voluntades políticas que no se materialicen sólo desde las personas, sino por medio de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos en el país. Por ende, se requiere que las próximas personas candidatas a la Presidencia tengan presentes las deudas históricas y sociales hacia las víctimas, las comunidades y la población en amplio desde la protección y la garantía de sus derechos humanos con enfoques diferenciados.
Por último, como sociedad civil es importante que recuperemos nuestra agenda de derechos humanos y el espacio cívico por medio de la participación política, los movimientos sociales y la exigibilidad de nuestros derechos hasta que la paz sea una realidad y la dignidad una costumbre.
