Lima. La justicia de Perú rechazó el viernes ejecutar un indulto para el encarcelado expresidente Alberto Fujimori y dio luz verde para iniciar un juicio por lavado de activos contra su hija Keiko, un día amargo para la familia que ha tenido influencia y relevancia política en las últimas tres décadas.

Temprano un juez declaró improcedente el indulto humanitario para Fujimori, informó el Poder Judicial, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instara al país a no ejecutar el beneficio.

El Tribunal Constitucional resolvió esta semana que el indulto concedido en el 2017 estaba vigente y dejó en manos de un juez la ejecución del perdón, que antes había sido bloqueado por la Corte IDH en un caso que divide al país.

Se “dispone que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de hábeas corpus”, dijo el Poder Judicial por la red social X.

El juez Fernández Tapia, magistrado la corte de Ica a cargo del caso, se declaró “no competente” en el proceso de indulto, según la resolución judicial difundida en las redes sociales.

Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.

En otra corte, el juez Víctor Zúñiga aprobó una resolución para iniciar un juicio por lavado de activos a Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente y su heredera política, por recibir supuestamente aportes ilegales para sus campañas de la constructora brasileña Odebrecht y de un poderoso banco local.

Keiko Fujimori, en su tercer intento por ganar la presidencia de Perú, perdió en el 2021 unas apretadas elecciones frente al ahora destituido ex mandatario Pedro Castillo.

Los fiscales en el caso de lavado de activos han solicitado 30 años de prisión para la excandidata presidencial, la líder del partido de derecha Fuerza Popular que tiene actualmente la mayor fuerza opositora en el fragmentado Congreso unicameral.

El abogado del ex mandatario, Elio Riera, dijo a la radio RPP que estaba evaluando las vías legales para exigir la ejecución del indulto, que -afirmó- en dos oportunidades fue restablecido por la máxima corte y frenado a la vez por la Corte IDH.

Los simpatizantes de Fujimori lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación a fines del siglo pasado%, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.

Fujimori "esta tranquilo, está esperando que sus derechos no sean vulnerados a la espera de que el Tribunal Constitucional haga valer su sentencia", afirmó a periodistas la legisladora Martha Moyano, del partido fujimorista Fuerza Popular, tras conversar -dijo- con el ex mandatario luego del fallo del juez.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a menos de un dígito a su nivel más bajo en un año de gestión tras la expulsión de Castillo, había dicho que iba a respetar y cumplir la sentencia de la justicia local.

Fujimori recibió el indulto por parte del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en víspera de Navidad del 2017. Tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la Corte IDH y otros organismos de derechos humanos.

En el 2022, el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido.

El político hijo de inmigrantes japoneses está preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.

En el mismo penal se encuentran otros dos ex mandatarios. Alejandro Toledo, investigado por corrupción, y Castillo acusado de rebelión tras intentar de forma ilegal disolver el Congreso.