Monterrey, NL. El Congreso de Nuevo León presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar una actuación dolosamente ilegal del juez tercero de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios.

Lo anterior, derivado de una suspensión provisional concedida a Javier Navarro Velasco para que se quede como encargado de Despacho, en sustitución de Samuel García Sepúlveda, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Con la queja, dentro del expediente de amparo indirecto 3656/2023, relacionado a la designación del gobernador interino, se busca la intervención urgente y contundente del CJF para que analice y sancione la evidente actuación irregular del juzgador.

“En precedentes anteriores, el CJF ha establecido criterios relativos a la actuación de los jueces y funcionarios jurisdiccionales, considerando que los relacionados con el abuso en el ejercicio del cargo; falta de objetividad en el desempeño jurisdiccional; apego a la legalidad de resoluciones judiciales”.

“Un error judicial y las violaciones que se estiman cometidas por el juez tercero de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México nos llevan a denunciar que ha actuado sin profesionalismo, al no actualizar sus conocimientos jurídicos y no estudiar con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que intervienen”, explica un comunicado.

El Congreso consideró que ha tenido una presunta ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones que debe realizar, pues ha actuado en desacato al texto de la Constitución y la Ley de Amparo.

“Ha abusado en el ejercicio de su cargo por haberlo ejercido extralimitándose en el uso de las facultades que les son inherentes”.

“Ha actuado sin prudencia y con notoria ineptitud, al haber resuelto y haberse pronunciado respecto de un asunto del que no debía conocer por tratarse de materia electoral”, explicó.

La queja administrativa presentada, identificada con el folio BZN-07373/23, podrá ampliarse a otros funcionarios judiciales que hayan intervenido en la actuación irregular, ya que es deber de todos observar las disposiciones mencionadas.

El Congreso dijo que la suspensión provisional concedida por el juzgador federal, de la que se tiene conocimiento extraoficial ya que no ha sido notificada al Poder Legislativo por la autoridad competente, pretende limitar las facultades del Congreso del estado en la designación del gobernador interino, esto a pesar de ser hechos públicos que existen las siguientes resoluciones judiciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijeron que la sentencia definitiva del TEPJF dictada dentro del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-536/2023 y sus acumulados donde “se ordena al Congreso del estado que realice el nombramiento de la gubernatura interina, conforme a lo establecido en los artículos 118 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León...”.

La suspensión dictada dentro de la controversia constitucional 487/2023 donde se establece que es facultad del Congreso del estado nombrar al gobernador interino que cubra la ausencia del gobernador ante una licencia concedida superior a 30 días.

“Es especialmente relevante la sentencia definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que es una resolución terminal, es decir, su contenido es definitivo y no puede ser impugnado en otra instancia. Además, al asumir competencia el TEPJF, máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, y resolver un asunto de fondo, se anula la competencia de un juez de distrito para conocer del tema a través de un juicio de amparo, ya que dicho medio no procede en la materia.

“A pesar de lo anterior, el juez Domínguez Barrios no solo admitió a trámite el amparo indirecto presentado por Javier Luis Navarro Velasco, sino que además concedió una suspensión en la que expresamente admite tener conocimiento de la sentencia del TEPJF y pretende darle a ella un mayor alcance en perjuicio de la facultad soberana reconocida al Congreso local para llevar a cabo la designación del gobernador interino”, acusaron.