En vísperas de que los gobiernos se reúnan en Dubái, a principios de diciembre, para la conferencia anual sobre el clima, dos cosas son dolorosamente claras. Primera, ya estamos en emergencia climática. Segunda, los países más ricos, en especial Estados Unidos, continúan dando la espalda a los más pobres. Por tanto, el debate de este año se centrará en la justicia climática y el financiamiento: cómo compartir los costos de los desastres climáticos y de la tan necesaria transformación de los sistemas de energía y uso del suelo en el mundo.
La de Dubái será la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, es decir, COP28. La primera COP fue en Berlín, en 1995. Nuestros gobiernos no tienen mucho que mostrar por su trabajo. En 1995 prometieron estabilizar la concentración de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de invernadero en la atmósfera “para evitar una peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático”. Las emisiones de CO2 aquel año fueron 29 mil millones de toneladas, pero este año son casi 41 mil millones de toneladas. En ese tiempo, el CO2 atmosférico estaba en 361 partes por millón (ppm), pero ahora está en 419. Entonces la Tierra se había calentado en casi 0.7 °C en comparación con 1880-1920, pero ahora se ha calentado en 1.2 °C.
También la tasa de calentamiento crece. Durante 1970-2010, el calentamiento estaba en alrededor de 0.18 °C por década. Hoy la Tierra se calienta al menos 0.27 °C por década. En 10 años habremos alcanzado el límite superior de 1.5 °C acordado en París en 2016 (COP21). Lo más probable es que muy pronto rompamos ese límite. Como resultado, los desastres climáticos se intensifican: inundaciones, sequías, ondas de calor, supertormentas, megaincendios y más, que causan muertes, desplazamientos y daños millonarios, con pérdidas de 275 mil millones de dólares estimadas para 2022.
Lo que necesitamos hacer está claro: cambiar los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) por energía de carbono cero: eólica, solar, hidráulica, geotérmica, bioenergía y nuclear, dependiendo de la ubicación. Los países necesitan interconectar sus redes de energía con los vecinos para diversificar las fuentes de energía y así construir resiliencia y reducir costos. Necesitamos cambiar hacia vehículos eléctricos y la producción de hidrógeno para uso industrial. Necesitamos poner fin a la deforestación, elevando la productividad agrícola de las granjas existentes y bosques administrados.
Estas soluciones están al alcance, pero no hay acuerdo sobre cómo compartir los costos, que son tres: el primero son “pérdidas y daños” causados por desastres relativos al clima; el segundo son los costos de adaptarse al cambio climático, es decir, los costos de hacer una sociedad “a prueba del clima”, y el tercero son los costos de reformar el sistema energético.
Cuando se trata de pérdidas, daños y adaptación, los causantes de la crisis climática deben ayudar a pagar por los que sufren la crisis, pero tuvieron poco que ver con sus causas. Es decir, los países ricos deben cubrir muchos de los costos pagados por los países pobres. Simple justicia. Cuando se trata de reformar el sistema energético, ningún país tiene el “derecho” de emitir CO2, por lo que todos deben compartir los costos. Sin embargo, los países pobres necesitan financiamiento de bajo costo a largo plazo.
Aquí está el problema. Los países ricos, en especial EU, rehúsan hasta la fecha aceptar su proporción justa de responsabilidad por las pérdidas, daños y costos de adaptación en que incurren los países pobres. Tampoco han tomado medidas prácticas para asegurar que los países pobres tengan acceso a financiamiento de bajo costo para la transición energética.
EU es responsable de cerca de 25 por ciento de las emisiones acumuladas de CO2 desde el principio de la industrialización, alrededor de 1750, aun cuando sólo constituye 4 por ciento de la población mundial. Ha emitido unos 400 mil millones de toneladas de CO2, o sea, casi mil 200 toneladas por cada uno de sus 330 millones de habitantes actuales, en tanto que en los países africanos pobres las emisiones acumuladas son de un milésimo de la tasa estadunidense, más o menos de 1 a 2 toneladas por persona. Sin embargo, los políticos estadunidenses se atreven a recomendar mecanismos “voluntarios” para financiar a los países pobres, un ardid transparente y bastante patético para desviar la responsabilidad de su país.
Si los países ricos fueran gravados con sólo 10 centavos de dólar al año por cada tonelada de emisiones acumuladas, pagarían cerca de 100 mil millones de dólares al año, y EU pagaría unos 40 mil millones. Además, los países ricos deberían pagar unos 4 dólares por cada tonelada de nuevas emisiones, con lo que se recaudarían otros 100 mil millones o algo así por año. Los gravámenes combinados sobre emisiones pasadas y actuales llevarían los impuestos a unos 200 mil millones de dólares por año, de los cuales a EU le correspondería pagar unos 60 mil millones.
Sin duda, Estados Unidos continuará pataleando y gritando para negar esas cuentas. Afirmará que pagar unos 60 mil millones de dólares al año por emisiones pasadas y presentes sería demasiado costoso. Sin embargo, gasta un billón de dólares al año en el rubro militar, cantidad que es del todo excesiva. De hecho, con su PIB anual de alrededor de 26 billones de dólares, un impuesto de 60 mil millones por año representaría apenas 0.2 por ciento del PIB, suma muy a su alcance.
Creo firmemente que la justicia llegará. El poder mundial está alcanzando un nuevo equilibrio entre ricos y pobres, de modo que la habilidad del mundo rico para evadir su responsabilidad está llegando a su fin. Creo que este nuevo equilibrio conducirá a nuevas formas de recaudación global, con base en la Carta de Naciones Unidas y bajo supervisión de la Asamblea General, que incluya impuestos globales sobre emisiones de carbono.
Sí, el cambio será un rudo golpe para las naciones ricas que durante largo tiempo han impuesto su voluntad sobre el resto del mundo. Sin embargo, la crisis climática nos enseña que estamos en un mundo interconectado, en el que todos los países deben aceptar sus responsabilidades por sus acciones pasadas, presentes y futuras. Esta creciente conciencia de la interconexión y la responsabilidad es el camino a la justicia y a un desarrollo sustentable para todos.
*Profesor en la Universidad Columbia y presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable de la ONU. Publicado originalmente en New World Economy.
Traducción: Jorge Anaya
