Lo que sucede en el noroeste de Chihuahua es una alerta de lo que puede ocurrir en todas las zonas de riego por bombeo de este país y no es poco: representan 57 por ciento de la superficie irrigada y 30 por ciento de los usuarios de riego del país.

Los municipios de esta región se sitúan en llanuras desérticas donde la agricultura sólo es posible si se emplea el riego con agua bombeada del subsuelo, cosa que se practica desde hace 60 años. En las últimas semanas se ha manifestado gran inconformidad de productores, muchos de ellos menonitas y mormones, contra la Comisión Federal de Electricidad.

Alegan que en este año de severa sequía la paraestatal tuvo graves fallas en el flujo de energía para pozos agrícolas que impidieron que se hicieran los riegos necesarios a los cultivos y se perdieron miles de toneladas de cosechas, como maíz, algodón y chile.

Los productores inconformes están presentando demandas contra la CFE, el villano favorito, por incumplimiento de contratos de suministro de energía. No es difícil que la iniciativa aglutine un buen número de adherentes, en Chihuahua y en otros estados.

Sin embargo, el problema es mucho más complejo y tiene muchos más corresponsables que la paraestatal. A la par de esta iniciativa ha surgido otra, lanzada hace tiempo por El Barzón, Agrodinámica Nacional y ahora también por otros actores productivos y sociales.

Parte de un análisis más profundo de la cuestión. Para ellos el problema de base está en la proliferación de pozos agrícolas sin concesión de Conagua (piratas) por todo Chihuahua y en la extracción superior a los volúmenes establecidos en los títulos de concesión, cuando se tienen.

De 20 años para acá productores menonitas y mormones han perforado cientos de nuevos pozos, muchos sin título de concesión ni permiso de cambio de uso de suelo de la Profepa. En Chihuahua hay más de 18 mil pozos legales, y entre 5 y 7 mil ilegales.

Tan sólo en Ascensión hay más de 400. Por eso demandan que se les suspenda el servicio eléctrico a los pozos ilegales y que la Conagua los clausure. Van contra el pirateo del agua y la electricidad.

El problema es que todos estos pozos, legales e ilegales, están conectados a las líneas de transmisión de la CFE, que les suministra energía a todos porque no los coteja con los títulos de concesión de Conagua o porque, según denuncian los productores, los dueños de los pozos piratas corrompen a los empleados de la CFE para que los conecten, y también para que no les cobren o les cobren lo mínimo en los recibos bimestrales.

Así, gracias a la corrupción y falta de vigilancia en Conagua y CFE y a la codicia de agricultores sin escrúpulos, se genera una escalada de barbarie contra los bienes comunes, como el agua y la electricidad.

Los pozos ilegales y la sobrexplotación de los acuíferos propicia que quienes tienen legalizados los pozos vean abatido el nivel de éstos y tengan que emplear más energía para ir más abajo por el agua. La sobredemanda de electricidad no puede ser cubierta por la CFE y vienen los cortes y las fallas en el suministro en la región, e incluso en la zona industrial de Ciudad Juárez.

Adicionalmente, al momento de cobrar el recibo se les eleva a quienes están debidamente registrados y los piratas se van como free riders trepados en los que sí pagan o dando “módicas mordidas” a empleados venales de la CFE. Se ha provocado así una severa crisis del agua y la energía en el oeste y el noroeste de Chihuahua.

El volumen total concesionado de aguas subterráneas en toda la entidad es de 3 mil 334 hectómetros cúbicos anualmente; no obstante, se extraen 6 mil 566 hectómetros cúbicos, casi el doble, la gran mayoría para uso agrícola, y el déficit anual llega 3, 312 hectómetros cúbicos.

En la zona de Ascensión, donde hace 20 años, se podían extraer hasta 10 pulgadas de un pozo a 200 metros, ahora con trabajo se sacan cuatro pulgadas y a veces hasta a 2 mil metros de profundidad. El agua que ahora se extrae ya lleva cargas fuertes de arsénico y metales pesados y quienes tienen la capacidad de perforar y extraer a mayores profundidades, contaminan el líquido para quienes la extraen a menos profundidad, como sucede con los pozos para agua potable de Ascensión.

Ante la barbarie imperante los productores denuncian e incluso amenazan con clausurar pozos piratas si no lo hacen las autoridades. Sin embargo, no deja de haber temor ante las veladas amenazas del crimen organizado para quienes afecten los intereses de los productores que le pagan protección.

Si la Conagua, la CFE, la Profepa y la misma Fiscalía General de la República no establecen y operan a la brevedad un sistema efectivo de gobernanza del agua y de la energía en esta región, la barbarie seguirá imperando, no sólo contra los recursos naturales, sino también contra los productores que hacen uso responsable de los bienes comunes. Ya no hay tiempo y casi ni agua.