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Determinación de Coidh sobre venta de armas podría salvar miles de vidas: México

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Durante la audiencia en la Coidh a solicitud de México para obtener la opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, el 29 de noviembre de 2023. Foto tomada de X @CorteIDH
29 de noviembre de 2023 15:15

La orientación que asuma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la comercialización “negligente” de armas por parte de las empresas fabricantes, podría salvar miles de vidas al año en la región de América Latina, aseveró la representación del Estado mexicano, encabezada por Alejandro Celorio Alcántara.

En una audiencia a solicitud de México para obtener la opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, el también consultor jurídico de la cancillería mexicana reiteró que esta problemática afecta a toda la región, “la amplia disponibilidad de armas de fuego y su tráfico ilícito no es exclusivo de los Estados Unidos de América y de México”.

Para ilustrar la dimensión del tráfico ilícito de armas, puntualizó que en 2017 se cometieron 173 mil homicidios en América Latina, de los cuales 130 mil fueron cometidos por arma de fuego.

Respecto a las dos demandas civiles por negligencia que el gobierno de México presentó ante cortes estadunidenses contra empresas fabricantes de Estados Unidos, Celorio Alcántara aclaró que se mencionaron únicamente como referencia, mas no se busca que la Corte se pronuncie expresamente sobre las mismas.

“Por la relevancia de la presencia de armas de fuego en la región y por la urgencia de abordar su amplia disponibilidad y tráfico ilícito desde diferentes ángulos, es que el Estado de México recurre a esta Corte”, mencionó.

Apuntó que por una parte se criminaliza y persigue al consumidor final, y por la otra se refuerzan las obligaciones de los estados para impedir que dichas armas salgan e ingresen a nuestros países.

“No obstante es necesaria la regulación del eslabón faltante: las empresas de armas que realizan actividades comerciales de manera negligente”, subrayó.

En su participación, María Fernanda Berrú Torres, representante del Instituto Peruano de Derecho Comparado, consideró legítima la solicitud de México de una opinión consultiva, y planteó la creación de mecanismos de protección judicial a favor de las víctimas.

Apuntó que la problemática de la responsabilidad internacional de las empresas privadas que comercializan armas de fuego requieren información, transparencia y rendición de cuentas de nacionalidad de los estados que no forman parte de convenciones o pactos de derechos humanos, lo que dificulta en términos de derecho internacional la construcción de obligaciones para los países.

“La ausencia de un marco legal armonizado a nivel mundial permite enfoques heterogéneos por parte de empresas en diferentes regiones, dificultando así la coherencia entre los esfuerzos para abordar los desafíos globales”, indicó.

Agregó que se requiere incluir el enfoque de género cuando se aborda el tráfico ilícito de armas porque las consecuencias de esta actividad “afecta de manera desproporcionada a mujeres y comunidades vulnerables”.

“Por un lado el tráfico de armas a menudo contribuye a la violencia de género al facilitar la perpetración de abusos contra las mujeres”, subrayó.

Efrén Guerrero Salgado, investigador y profesor de derecho en la Universidad Pontificia de Ecuador, aseguró que la opinión consultiva solicitada por México “tiene efectos jurídicos innegables” y debe ser manejada por la Corte en sentido regional.

Expuso, por ejemplo, que en su país el porcentaje de homicidios ha aumentado 345 por ciento, y en el último año se registraron 7 mil 60 muertes hasta ayer, de las cuales –dijo- 88.15 por ciento de esas asesinatos ocurrieron por el uso de armas de fuego.

Hizo notar que si bien en la sesión de ayer se planteó que esta problemática “es un problema puramente bilateral” entre México y Estados Unidos, descartó que sea así y, por el contrario, se requiere tener en cuenta el papel de la jurisprudencia del sistema interamericano como un elemento que permea todo el sistema jurídico del hemisferio.

“Si no hacemos un elemento de esta manera y la comunidad jurídica y esta Corte no tiene en cuenta este papel, lo que va a pasar es que la opiniones consultivas terminarán siendo elementos puramente anecdóticos dentro del sistema internacional”, recalcó.

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