Panamá. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals por infringir 25 artículos de la carta magna del país centroamericano.

En sus argumentos el máximo tribunal le dio relevancia al medioambiente y a los derechos humanos y concluyó que la ley quebrantó artículos de la Constitución que tratan sobre el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación; sobre la obligación del Estado de proteger la salud y demás derechos de los niños y adolescentes, así como el compromiso de promover la participación activa de comunidades campesinas e indígenas en la vida económica, política y social.

El contrato-ley daba derecho a la minera a seguir extrayendo y comercializando cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20 más, en una zona boscosa de 12.955 hectáreas en el norte y Caribe panameño.

La empresa comenzó a enviar mineral al extranjero en junio de 2019 y reportó exportaciones por 2 mil 850 millones de dólares en 2022. Su inversión, asegura, supera los 10 mil millones de dólares en casi una década.

El dictamen llevaría al cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica, de acuerdo con juristas y activistas ambientales. De hecho, la Corte en su decisión dispuso que el efecto del veredicto de inconstitucionalidad debe ser interpretado en el sentido de que no existe concesión minera.

El presidente Laurentino Cortizo dijo que acataba el fallo y que una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial “se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”.

Panamá no tiene experiencia al respecto y según analistas precisaría apoyo técnico internacional. La posibilidad de que la minera y el Estado busquen un nuevo acuerdo no parece una opción tras el rechazo rotundo de la población mostrado durante más de un mes de protestas.

“Hay sectores en el país que quisieran un nuevo contrato, pero la población en sí no quiere más minería a cielo abierto, el mensaje fue claro”, dijo a The Associated Press Rolando Gordón, decano de la facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá. "Lo que queda ahora es llegar a un acuerdo para cerrar la mina, incluso, hay un plan que hablaba del cierre en el contrato”.

Los analistas dicen que la empresa minera es libre de promover reclamos por vía a través de arbitrajes internacionales con base en tratados comerciales suscritos entre Panamá y Canadá en busca de un resarcimiento. De hecho, antes del fallo la empresa dijo en un comunicado que se reservaba el derecho de activar medidas para defender su inversión.

Con el fallo el Estado panameño y la minera se encaminan a un arbitraje en la ciudad de Washington en el centro internacional de arbitraje de disputas de inversión del Banco Mundial, aseguró a AP Rodrigo Noriega, quien tiene un doctorado en Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Yale.

“Eso será en seis meses y Panamá tiene muchos argumentos como los daños ambientales”, consideró el jurista panameño.

Marta Cornejo, quien fue una de las demandantes del contrato, dijo que “no temamos a ninguna demanda arbitral porque nosotros tenemos las pruebas. Con contundencia vamos a demostrar en los tribunales internacionales que somos capaces de probar que los corruptos intentaron vender nuestra nación y que una transnacional a sabiendas de que violaba todas las normas constitucionales, que en efecto se violaron, continuó adelante”.

En un comunicado tras el veredicto la minera aseguró que desde el inicio ha “operado de manera consistente con transparencia y estricto apego a la legislación panameña”. Destacó que el contrato fue el resultado de “un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente”.

Cortizo, que defendió el contrato argumentando que preservaría 9.387 empleos directos (más de lo que reporta la minera), dijo tras el fallo que el cierre de la mina debe ser atendido de manera “responsable y participativa” por el impacto que tendría, incluido el laboral, aunque dejó incierto el futuro de los trabajadores.

La empresa ha subrayado que la mina genera 40 mil empleos, entre ellos 7 mil directos, y que aporta el equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto panameño.

Tras el fallo los trabajadores de la mina convocaron protestas simultáneas en la capital y en provincias. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo nuestros puestos de trabajo que son el sustento para nuestras familias”, dijeron en un comunicado.

Gordón, el decano de Economía, refirió que en otras ocasiones Panamá ha tenido que hacerle frente a circunstancias que ocasionaron desempleo masivo, como en la reciente pandemia de coronavirus en la que 85 mil panameños perdieron sus trabajos y a fines de la década de los noventa cuando miles quedaron cesantes tras la salida de las bases militares estadunidenses.

Panamá recibió hace dos semanas el primer pago de 567 millones de dólares de First Quantum estipulado en el contrato. Ese monto, empero, no se ha utilizado porque fue directo a una cuenta restringida debido al conflicto legal. El contrato establecía que Panamá recibiría al menos 375 millones anuales por parte de la minera, un monto que los críticos consideraron exiguo.

Los analistas estimaron que el cierre de la minera impactaría en las arcas públicas.

“No lo podemos negar, (el gobierno) tenía la esperanza que con ese contrato tapaba algunos huecos del presupuesto de la nación, cosa que no va a poder hacer ahora”, planteó Gordón. “La empresa informó que en el 2022 pagó 900 millones de dólares a proveedores. La situación de las finanzas públicas se resiente aún tras cinco semanas de semi-paralización en el país debido a las protestas”.

El Legislativo y el Ejecutivo, en medio de las protestas y en un intento por frenar las manifestaciones, aprobaron una moratoria minera a comienzos de mes que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica y la renovación de las actuales, lo que fue considerado como un primer paso para hacer de Panamá un país sin esa actividad.

Ambientalistas y abogados reprocharon que desde hace tiempo habían planteado al gobierno esa moratoria en el llamado Pacto de Bicentenario, una iniciativa de consulta ciudadana en conmemoración de los 200 años de Independencia en 2021.

“Cuando el gobierno convocó a un Pacto de Bicentenario dijo que las decisiones que se aprobaban iban a ser vinculantes y nos mintió. En ese pacto el pueblo no quería minería metálica y así lo hizo sentir... ahora estas fueron las consecuencias”, dijo a AP el abogado Ernesto Cedeño, especialista en contrataciones públicas.