Ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), el Estado mexicano aseveró que existe “una situación de emergencia” compartida por varios países de la región por la disponibilidad “indiscriminada” de armas de fuego, lo que debe ser atendido y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones a derechos humanos.

En una audiencia pública en este tribunal, debido a la solicitud de México de opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que la región “ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada, la proliferación de armas de fuego en manos de civiles, que sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo, desregulado y que tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida, a la integridad personal, entre otros”.

En un video mensaje, expuso que en el caso de México, las estimaciones indican que cada año se trafican ilegalmente al país 200 mil armas de fuego.

"Este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, pues en mi patria la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada, solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México y administrada por el Ejército, la cual vende en promedio 38 armas al día a civiles. Sin embargo, la disponibilidad de arma adquiridas ilegalmente es mucho mayor y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos. ”, refirió.

Denunció que las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente Americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios.

Afirmó que esta información es conocida e ignorada por las compañías “quienes se abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y distribuyen terminen en manos de grupos criminales, y más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”.

La canciller también enfatizó que la violencia armada tiene un impacto diferenciado en grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y la población Lgbti+.

“La disponibilidad indiscriminada de armas de fuego afecta la situación social y económica de muchas familias, al hacer que niñas, niños y adolescentes pierdan a sus padres y madres. El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que con un enfoque de universalidad e interseccionalidad analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tienen en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos”, destacó.

En la audiencia, presidida por el juez Ricardo Pérez, participaron representantes de Estado de Bolivia, Colombia y Estados Unidos. Mientras los dos primeros respaldaron la posición de México, el último señaló a la Corte que este asunto no es apropiado para una opinión consultiva, que los tratados actuales no alcanzan a la conducta de los actores privados en cuestión y que la aplicación extraterritorial de la obligación de derechos humanos defendida por México “alteraría el derecho internacional de los derechos humanos”.

Sarah Hunter, asesora jurídica de la Oficina del Asesor Legal de Estados Unidos, del Departamento de Estado, expuso que si bien el país “conoce muy bien la devastación causada por la violencia armada” y está emprendiendo acciones “sin precedentes” para regular las armas de fuego y combatir este problema a nivel nacional como internacional, resaltó que lo presentado por México es “un caso controvertido disfrazado de solicitud de opinión consultiva”.

Indicó que un Estado no puede utilizar una solicitud de opinión consultiva para obligar a revisar las leyes internas de otro y consideró que “podría decirse que México busca emplear indebidamente este tribunal para posicionarse mejor en litigios en Estados Unidos”.

Por su parte, Colombia manifestó que “estamos frente a un fenómeno que ponen en riesgo los sistemas democráticos en la región, oxigena la violencia armada, el crimen organizado trasnacional y dificulta las capacidades que tienen los Estados receptores del tráfico ilícito de armas para proteger de manera efectiva los derechos humanos de sus territorios”.

“Estas armas fabricadas en otras regiones del mundo son traficadas a través de redes de delincuencia trasnacional. En el caso colombiano, de las 18 mil 338 armas incautadas por la policía nacional en el año 2021, cerca del 85 por ciento fueron fabricadas en otros países”, aseguró.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveraron que por su potencial dañino, las armas de fuego tienen un impacto en los derechos humanos y en el aumento de los índices delictivos de violencia en los países. “Esto se ve influenciado por la actividad indebida de la industria armamentista, por la falta de regulación y control efectivo de los Estados, así como por la ausencia de determinación de responsabilidades jurídicas de las empresas”.

En este sentido, apuntaron que los Estados tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar las actividades del sector de armas con el nivel más alto posible.

Asimismo, dado que las acciones u omisiones de la industria de armas contribuyen a la violación de derechos humanos los Estados deben proporcionar recursos efectivos de reclamación para que las víctimas obtengan justicia, así deben eliminar las inmunidades procesales que impiden la determinación de responsabilidades de las empresas.