Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó en octubre pasado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, esquema conocido como "estafa maestra".
El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le otorgó al ex funcionario la medida cautelar. “Se concede la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”, señala el acuerdo del juez quien agendó la audiencia incidental para el próximo cuatro de diciembre, donde determinará si le concede la suspensión definitiva.
Pedro de León Mojarro promovió el juicio de amparo el pasado 24 de noviembre. En la actualidad se encuentra preso en el Reclusorio Sur.
En octubre, De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec y de ahí lo trasladaron al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.
En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.
En ese entonces, la FGR lo acusó de ocasionar quebranto de 124 millones 100 mil pesos a la hacienda pública, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. No obstante, en noviembre de 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
