Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de la Administración Pública y la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán que habían sido impugnadas por Morena.

El principal punto del asunto fue la creación de una defensoría pública de los derechos político electorales de los ciudadanos, cuya finalidad será asistir a los sectores más desprotegidos de la población para que tengan una asesoría legal efectiva ante las instancias comiciales.

“Las legislaturas locales cuentan con libertad de configuración legislativa para decidir la forma en que su organismo público electoral debe organizarse administrativamente, por lo que nada impedía al Congreso local para que creara la Defensoría Pública de Derechos Político-Electorales, caracterizándola como un órgano desconcentrado del instituto electoral local con autonomía técnica y de gestión”, señaló la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa.

Se hizo hincapié en que el objetivo de este organismo será prestar servicios legales a las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica para hacer realidad su acceso a la justicia electoral.

“Adicionalmente, considero que la creación de este tipo de órganos es esencial en la búsqueda del acceso a la justicia electoral de la ciudadanía, especialmente de las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual es congruente con diversos estándares internacionales en la materia”, argumentó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al sumar su voto a la mayoría.

En contra de esta propuesta estuvo la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, para quien la defensoría no tendría la autonomía necesaria al estar subordinada jerárquica y presupuestalmente al instituto electoral del estado.

Otro de los puntos analizados por la SCJN fue la disposición de la ley electoral de Yucatán que permite a los partidos que participen en coaliciones firmar un convenio de gobierno estableciendo el programa de su eventual gobierno, el reparto de los cargos en caso de ganar y las iniciativas legales que impulsarían.

La ministra Esquivel señaló que esta regulación es de libre configuración de los congresos estatales y no vulnera ninguna ley federal.