Ciudad de Panamá. La Corte Suprema de Panamá declaró este martes inconstitucional un polémico contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para extraer cobre por al menos 20 años en una zona boscosa del Caribe panameño y que generó masivas protestas durante más de un mes.

El máximo tribunal de justicia, integrado por nueve magistrados, emitió el dictamen luego de analizar y debatir durante cuatro días dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley que adoptó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, lo que mantenía en vilo a la nación centroamericana de más de cuatro millones de habitantes.

“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley” del 20 de octubre, anunció la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. “Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”.

López no dio detalles del fallo aunque explicó que luego de su notificación a las partes —entre ellos los que presentaron los recursos de inconstitucionalidad— debe ejecutoriarse y luego remitirse para su promulgación en la Gaceta Oficial.

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa minera no reaccionaron de inmediato al dictamen.

El anuncio se dio luego de que Minera Panamá envió esta semana al gobierno una notificación en un esfuerzo por abrir entre las partes un periodo de diálogo de al menos 90 días y en la que señalaba que se reservaba el derecho de activar otras medidas para defender su inversión.

Previamente también había anunciado la posibilidad de suspender sus operaciones al señalar que podría quedarse sin suministros debido a las protestas en un puerto que utiliza para su actividad.

Aunque no ha quedado claro qué sucederá después del fallo y cuál será el futuro inmediato de la mina, los juristas y activistas elogiaron la postura de la justicia panameña y coincidieron en que es un paso crucial para su posible clausura. En 2017, la Corte Suprema también declaró inconstitucional una ley de 1997 que dio esa concesión minera pero no fue hasta años después que se promulgó y no paralizó las operaciones.

“Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país”, señaló el abogado y ambientalista panameño Rodrigo Noriega. “Lo que viene ahora es la notificación del fallo y que oficialmente el gobierno de Panamá le avise a la minera que se terminó su contrato y que debe empezar a tomar las medidas de custodia y cierre”.