El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, afirmó que se ve muy complicado y a muy largo plazo que el Congreso de la Ciudad de México apruebe el cambio de uso de suelo de 130 inmuebles ubicados en colonias de la alcaldía Benito Juárez que tienen de uno a siete niveles excedentes por el desarrollo inmobiliario de la ilegalidad, mientras de ese total sólo en 25 casos hemos entrado en un proceso con las empresas que construyeron para que paguen las medidas de mitigación a los afectados.

El funcionario expuso que se ha avanzado en 25 casos, es decir, 19.3 por ciento, porque la dependencia capitalina detectó que las inmobiliarias que construyeron están en una laguna jurídica, además de que hay empresas que ya no existen, que vendieron o edificios que están ocupados con personas que no han permitido hacer la visita al personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Señaló que no podrá ser en esta administración cuando se legalice el uso de suelo que debe avalar el Congreso para cada uno de los 130 inmuebles, por lo que la siguiente gestión debe empezar a plantear la situación y también con el interés que debe venir de los mismos propietarios.

Planteó que en el futuro debe incorporarse la Procuraduría Social para que participen en la conciliación vecinal, al poner de ejemplo inmuebles en los que hay alrededor de 40 vecinos y los afectados se manifiesten a favor del cambio de uso de suelo, pero los residentes que habitan en los pisos legales no participan porque no es de su interés, ya que cuentan con la documentación legal.

Recordó que se remitieron 130 misivas a habitantes de esos edificios; sin embargo, nada más recibieron respuesta positiva en 80 casos, con lo que se realizó la visita y se emitió el certificado que garantiza la mecánica de construcción en los que no tenemos ningún problema, pero en los 50 restantes aún no les permiten el acceso.

Entrevistado tras su participación en el foro Azcapotzalco: hacia una planeación estratégica y humanista, convocado por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, el Colegio de Urbanistas y el de Economistas de la capital, mencionó que de 2018 a la fecha se han recuperado 221 millones de pesos en deudas de desarrolladores inmobiliarios que debían medidas de mitigación.