Toluca, Mex. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó el apoyo de la Interpol para ubicar y detener al presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés, en agravio de quien fuera su suegro, por hechos cometidos el 12 de abril pasado.

La noche del viernes, agentes ministeriales de la Fiscalía estatal realizaron cateos a cinco inmuebles -cuatro en Toluca y uno en Lerma—con el fin de dar con el paradero y captura del alcalde de extracción priista, sin que haya sido localizado.

El alcalde es acusado de haber privado de su libertad al papá de quien era su esposa, Viridiana Rodríguez, que hace unos días difundió un video en redes sociales, donde acusa al alcalde de haberla violentado física, sexual y emocionalmente durante los 12 años que estuvieron casados.

Raymundo Martínez y Viridiana Rodríguez se separaron en febrero pasado, pero fue hasta abril cuando se divorciaron oficialmente tras la firma de una acuerdo de confidencialidad, donde Rodríguez no podía ventilar nada de lo vivido durante su matrimonio.

Previo al acuerdo de confidencialidad, Viridiana Rodríguez habría levantado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Atender delitos de Género en contra del alcalde por violencia familiar, la cual, fue cancelada por la fiscalía en abril tras el desistimiento de la propia víctima.

En un video difundido en redes esta semana Rodríguez relató que fue obligada a firmar ese video, a cambio de que el alcalde ya no molestara más a su familia, en especial a su padre, a quien privó de la libertad el pasado 12 de abril.

En aquella ocasión, el padre de Rodríguez era servidor público del DIF municipal, y a mediodía, un grupo de policías municipales de Toluca llegó a su oficina, lo sacó de forma violenta y lo llevaron a los separos donde estuvo privado de su libertad varias horas. Tras negociar con Rodríguez, el padre fue liberado, pero ella se comprometió a firmar un desistimiento por las denuncias de violencia familiar, y un acuerdo de confidencialidad para no ventilar “la pesadilla que vivió junto alcalde”, según relató la propia víctima en su mensaje en redes sociales.

Como la denuncia por privación ilegal de la libertad se siguió de oficio, la Fiscalía mexiquense obtuvo los elementos de prueba suficientes y solicitó una orden de aprehensión en contra del alcalde, la cual fue concedida por un juez del Poder Judicial del estado.

Cuando se montó el operativo para la captura del edil, este ya se había fugado. La Fiscalía cateó su domicilio particular en el fraccionamiento San Fermín, en la colonia El Parque, en la zona sur de Toluca. También catearon su oficina en la presidencia municipal de Toluca; la dirección de inteligencia de la policía municipal, en la zona centro; un rancho en Santiago Tlacotepec , en capital mexiquense, y una vivienda más en el fraccionamiento Los Encinos , en Lerma.

Los operativos no tuvieron éxito y se declaró al edil como prófugo de la justicia.

“Tras ejecutarse dichos cateos y no ubicar en estos lugares al investigado, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló la Fiscalía en un comunicado de medios.

La Fiscalía advirtió en el mismo comunicado que “toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público”.

Se informó también que la FGJEM solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la “Ficha Roja” correspondiente, así como al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, lo anterior en caso de que el investigado intente salir del país.

Cabe señalar que además del alcalde de Toluca, existen seis servidores públicos más sujetos a investigación por estos hechos, y se ha revelado que la denuncia por violencia familiar en agravio de Viridiana Rodríguez ha sido retomada por el ministerio público especializado.