En los últimos 15 años, Yucatán ha sido nido de megagranjas porcícolas (más de 200) y avícolas que han provocado severos daños a la salud y al territorio maya. Algunas se han logrado parar, como la de Homún, pero otras operan con la complicidad de los gobiernos en turno.
La actual demanda de amparo contra Bachoco fue promovida por la omisión de las autoridades competentes de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena de Peto y otras comunidades mayas y ejidos aledaños
, explicó el área de justicia trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organismo que lleva el caso jurídico.
La suspensión, aunque temporal, llega en el momento justo para evitar que continúen las construcciones de cualquier índole relacionadas con la granja avícola. ProDESC destaca que esta resolución, además de proteger a las comunidades indígenas, se sustenta en los mejores estándares de protección al medio ambiente, pues identifica a la naturaleza como un bien jurídico autónomo que debe ser protegido por su importancia para todo ser vivo, no sólo para el ser humano
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La suspensión de semejante proyecto debe ser definitiva, pues de llevarse a cabo contaminaría las tierras, el subsuelo, el agua y los mantos acuíferos que los mayas emplean para consumo humano y actividades agrícolas. ProDESC advierte que las corrientes superficiales de agua pluvial que recargan el acuífero Cerros y Valles, localizado debajo del proyecto avícola, fluyen hacia la Laguna Chichankanab, declarada sitio Ramsar por la Unesco.
Detener este modelo de depredación ambiental y violación de los derechos de las comunidades indígenas es el fondo.
