El 4 de julio de 2022 ingresamos por primera vez a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cargábamos con una gran responsabilidad. El desafío no era menor. Comprendimos que era una oportunidad histórica escudriñar los expedientes elaborados por el Ejército y conocer su versión de los hechos trágicos ocurridos entre 1965 a 1990.
Fue un inicio plagado de expectativas. Una experiencia inédita que se percibía desde que llegábamos a la puerta del Campo Militar número uno. Como civiles teníamos que plegarnos a sus reglamentos y estilos. Para ingresar a la Fuerza Aérea, el guardián en turno nos impedía el acceso.
Llamábamos al jefe del archivo para que autorizara nuestra entrada. El registro como investigadores tenía más filtros. Otro militar se encargaba de verificar nuestros movimientos y de reportar los documentos que revisábamos. Utilizamos los instrumentos de consulta elaborados por personal del archivo; sin embargo, fueron insuficientes, porque al ingresar a la estantería identificábamos algunas series documentales que no estaban registradas en las herramientas de búsqueda.
Para agilizar la identificación de documentos negociamos la entrada a la estantería con el objetivo de elaborar un catálogo topográfico y un inventario parcial de documentos relevantes sobre violaciones a los derechos humanos. Fue un trabajo que dio frutos: ubicamos series documentales, iniciamos registros de títulos de los expedientes por caja, registramos el pasillo y el número de estante correspondiente. Este nuevo procedimiento causó resquemor y desconfianza entre los militares. Su silencio y su demora nos expresaban su molestia. Las cajas que se solicitaban pasaban por un proceso de censura: revisaban la documentación y extraían fojas que a su criterio eran reservadas. Desbarataban los legajos y anexaban documentos de otras series.
En la investigación testimonial de varios equipos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) se han registrado casos de sobrevivientes y familiares de víctimas que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados por miliatres. Estas graves violaciones fueron documentadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad). En octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990, esfuerzo impulsado por las organizaciones de familiares, colectivos y sobrevivientes que luchan por verdad, reparación, búsqueda, medidas de no repetición y memoria. Un imperativo ético que no debe soslayarse.
Para dar cumplimiento al decreto presidencial, desde un principio gestionamos la consulta de los archivos de la Sedena. Esta encomienda se concretó en un plan de trabajo centrado en el acceso a los repositorios, archivos y documentos del Ejército. Pese a este acuerdo, el parámetro de la consulta fue achicándose: mientras lográbamos identificar documentos relevantes sobre la participación del Ejército en violaciones graves a los derechos humanos, obstruían nuestra consulta a los archivos. A pesar de las múltiples dificultades que sorteamos como investigadores del MEH, logramos elaborar un inventario topográfico que revela la existencia de documentos que son de gran relevancia para esclarecer el patrón de graves abusos.
Estos hallazgos generaron malestar entre las autoridades militares. El caso de Víctor Yodo es ejemplar. Se tuvo acceso al expediente: “Asunto: supuesta desaparición del profesor Víctor Pineda Henestrosa. Ene-feb-1993” y “Víctor Pineda Henestrosa, 1996”. El luchador social fue desaparecido el 11 de julio de 1978 en Juchitán, Oaxaca, por una patrulla militar perteneciente al 11 Batallón de Infantería, al mando del coronel Juan Poblano Silva.
al mando del coronel Juan Poblano Silva. Estos documentos fueron solicitados al personal militar; sin embargo, fueron negados por instrucciones superiores. Argumentaron que incurrirían en responsabilidad administrativa o penal por no apegarse a lo establecido en la ley. Se basaron en que la documentación solicitada estaba fechada en un periodo ajeno a lo estipulado por el decreto presidencial.
Otro documento clave fue “Cronología del accionar de los grupos armados”. Tampoco pudo ser consultado porque estaba fechado en 2000. Aunque hicimos saber que el contenido de la información sobre organizaciones armadas de izquierda abarcaba de 1964 a 1994, se nos impidió su consulta. Lo mismo sucedió con series enteras, como la 118 sobre “Agregadas y agregados militares y demás personal comisionado en el extranjero”. Los militares adujeron que esta información “contiene datos de otros países… que podría afectar las relaciones de amistad con esas naciones”.
No sólo se negaron a que se consultaran series documentales y expedientes, sino que manipularon y alteraron los expedientes. El caso del “Comité Nacional Pro Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos” es ilustrativo. Cuando solicitamos su revisión en sala, pudimos constatar que, de las 71 fojas iniciales, ya sólo había 13, de acuerdo con el foliado que tenía. Se trataba de un informe detallado de sus actividades; sin embargo, al ser consultado, el material no era el mismo, en su lugar estaban fotocopias de notas de prensa.
“Archivo general (78)” es un legajo con información sobre el seguimiento a organizaciones como la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei) y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (Coceo). Al revisar los documentos, los militares maniobraron para intercambiar información de este legajo con otros. Apareció un documento de 1990 que habla de la creación de divisiones aéreas según regiones militares.
La situación se tensó más cuando los responsables del archivo nos mostraban algún documento y al tiempo que decían: “aquí lo tengo, pero no lo vas a poder consultar”. Llegó un momento de arrebato, cuando forcejeamos por un expediente que ya estaba en nuestras manos. El hostigamiento fue mayor al tener atrás a los militares que vigilaban nuestros movimientos y verificaban lo que consultábamos. No se nos olvida el anuncio que está pegado en el pasillo antes de entrar a la sala de consulta. Es un militar que porta una cámara fotográfica que dice: “ten cuidado con lo que haces porque nunca sabes quién te está vigilando”. Las violencias no esclarecidas del pasado son semillas de violencias posteriores y de una impunidad perpetua.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
