Ante el aumento de atentados contra el medio ambiente en Latinoamérica, se requiere colocar el debate de la justicia ambiental en la agenda pública, se concluyó durante la presentación del Índice Global de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, (IGI-AMB LATAM 2023), en un evento llevado a cabo en el Senado de la República este miércoles 22 por los coordinadores del proyecto: doctora Celeste Cedillo González, doctor Juan Antonio Le Clercq Ortega, ambos profesores-investigadores de la UDLAP, y la maestra Azucena Cháidez Montenegro, Socia Consultora de SIMO Consulting, así como un grupo de alumnas y alumnos que participaron en la documentación a lo largo de dos años.

Presentado este 22 de noviembre, el proyecto tiene sus raíces en los estudios sobre impunidad global que desde 2014 realiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y cuyos avances fueron presentados en el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) en noviembre de 2021, destacando como uno de los ocho proyectos latinoamericanos seleccionados para participar en el Foro y resultando galardonado como uno entre los 10 proyectos más destacados.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del Senador Emilio Álvarez Icaza, quien destacó la importancia de este tipo de aportes por parte de la academia: “Celebro que el modelo UDLAP tenga en estos aportes una noción de responsabilidad social y que la capacidad de la universidad esté puesta no sólo en la lógica de dar clases sino de construir conocimiento que nos ayude a tomar decisiones en temas críticos que tienen que ver con el medio ambiente”.

“No podemos negar el caliento global y debemos estar conscientes de que si el estado reduce sus capacidad de vigilancia ambiental el crimen crece se multiplica y con ello la deforestación de los bosques”.

En su turno, el Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, dio la bienvenida a nombre del rector Luis Ernesto Derbez, y
explicó a grandes rasgos, en qué consiste este estudio, el cual permite ver con qué tipo de instrumentos de política pública cuenta cada país y cómo se ponen a funcionar, para contener la degradación ambiental, evitar la incidencia de crímenes ambientales y garantizar el disfrute del derecho a un medio ambiente sano.

“Con este estudio la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso de contribuir con análisis rigurosos y recomendaciones que lleven a un cambio institucional y a la reformulación de políticas públicas, de forma que las futuras generaciones puedan aspirar a una vida más plena, democrática y sostenible”, expresó.

El IGI-AMB LATAM 2023 mide niveles de impunidad ambiental en 33 países de América Latina, a través de 52 indicadores, poniendo especial énfasis en la existencia de capacidades institucionales y el funcionamiento de políticas públicas para proteger el medio ambiente y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

El estudio de la impunidad ambiental representa un esfuerzo por operacionalizar los problemas de justicia ambiental y contribuir a la implementación de instrumentos globales y regionales desarrollados, como el reconocimiento de derecho humano al medio ambiente limpio, sano y sostenible, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el Acuerdo de Escazú, o los reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Se identifican tres grupos de países de acuerdo a su nivel de impunidad: 1) Impunidad Media Baja, casos que se ubican entre los 64.76 puntos del índice, el mejor nivel, y hasta 59.42. Los países incluidos en este grupo son: Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá; 2) Impunidad Media Alta desde 56.91 hasta 51.42 e incluye a: Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados; 3) Impunidad Alta. Países con los más altos niveles de impunidad los aleja desde 50.68 y hasta 46.09, el punto más bajo de la escala. En este grupo se encuentran: Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

Con respecto a el crecimiento o no de la impunidad ambiental en nuestro país, Juan Antonio Le Clercq expresó que “los datos nos dicen que en México hay mucha capacidad institucional abocada al cuidado ambiental, pero cuando se analiza la situación de las entidades de la República, los números son muy pobres y las cifras nos dicen que los estados tienen una cuarta parte de la capacidad que deberían tener, no más del 25%.

Salimos bien comparados con America Latina, pero lo verdaderamente preocupante es que las capacidades que tenemos, los instrumentos, recursos, políticas e instituciones, dependen mucho de lo que tiene la Federación y esto no se traduce en la capacidad de cada estado de la República y a final de cuentas los impactos, la vulnerabilidad, los daños, se van a vivir a nivel local, no a nivel federal, y si los estados no están haciendo política ambiental, no generan políticas de protección, no ponen recursos esperando a la Federación y aunque le toca en parte los estados deberían destinar recursos a sus propia protección”.

Cabe informar que el IGI AMB LATAM 2023 arroja un resultado máximo de 64.76 y el mínimo de 46.09 puntos, mientras que el promedio se ubica en 54.86 puntos. Sólo 15 de los 33 países estudiados obtienen un resultado superior al promedio, por lo que el desempeño ambiental de los países latinoamericanos es intermedio y presenta desafíos tanto estructurales como funcionales para lograr los objetivos medioambientales que permitan a la región hacerle frente a la degradación ambiental y la crisis climática.

Los países de la región no cuentan con las capacidades institucionales para enfrentar las amenazas que se desprenden de la crisis ambiental y climática, por lo que los niveles de riesgo y vulnerabilidad para su población son muy altos y la posibilidad de contener la degradación ambiental es muy reducida.

Los países pequeños y con menores niveles de ingreso obtienen por lo general peores resultados en el Índice, lo cual está relacionado con la existencia de menores capacidades institucionales y programas de estrategia intergeneracional. Esto evidencia que estos países enfrentan mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad a pesar de que se caracterizan por una mínima contribución histórica y contemporánea a la emisión de gases de invernadero hacia la atmósfera.

Los países con mayores capacidades institucionales suelen estar mejor posicionados en los resultados del Índice y son por lo general países de mayor tamaño, población e ingreso. Sin embargo, muchos de estos países, como México, Brasil o Colombia, obtienen peores posiciones en las dimensiones de Degradación Ambiental y Crimen Ambiental, lo cual advierte que la existencia de mayores capacidades no se está traduciendo en un funcionamiento efectivo de la política ambiental o la capacidad real para proteger derechos ambientales de la población.

La información pública en materia ambiental tiende a ser desigual, inconsistente y su reporte es desactualizado, lo cual dificulta incorporar indicadores para todos los países y medir con precisión y en forma comparada el desempeño de cada nación. Los países tienden a reportar incluso en forma desigual e incompleta información que es parte de compromisos internacionales adquiridos a través de tratados internacionales y regionales como los ODS.

Es indispensable generar reportes nacionales de información oficial sobre: 1) instrumentos y resultados de seguridad, justicia y derechos humanos ambientales; 2) víctimas, conflictos socioambientales y migración relacionada con degradación ambiental y efectos del cambio climático con énfasis en los grupos indígenas; 3) incidencia de delitos ambientales y violaciones a derechos humanos ambientales; 4) capacidades institucionales y recursos disponibles para atender específicamente la problemática del sector ambiental.

La información nacional y regional reportada requiere ser desagregada para permitir identificar problemáticas de comunidades locales, pueblos indígenas, población urbana y rural y con perspectiva de género. Los repositorios de información regionales requieren generar metodologías de evaluación ambiental comunes que permitan comparar capacidades reportadas e impacto real de las políticas y legislaciones ambientales.