Ciudad de México. Los procesos penales para que un feminicida, agresor por violencia familiar o sexual sea sentenciado, pueden durar de dos a cinco años en promedio, tiempo en que las víctimas y sus familiares son requeridas a entre 10 a 20 audiencias que “son difíciles y profundamente dolorosas”, aseveraron abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Luego de que la organización analizó 19 casos, Verónica Garzón expuso que los años que lleva el proceso penal incluyen desde la presentación de la denuncia hasta que se obtiene una sentencia condenatoria, pero no se considera la parte posterior relacionada con los tribunales de alzada y amparos, lo cual puede tomar otros dos o tres años más.
Indicó que las sentencias que se han obtenido por violencia sexual en promedio llegan a 9 años en prisión, igual que en delitos relacionados con violencia familiar. En cuanto a los feminicidio, en promedio es de 54 años y en desaparición de 30 años.
La investigación también arrojó que una de las principales violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares gira en torno a las reparaciones del daño que se decretan por la autoridad judicial.
El estudio expone que en la gran mayoría de los casos, los montos a los que se condena a los agresores no cumplen de ninguna forma con los estándares internacionales en la materia, “sino que únicamente consideran las cantidades que resultan de un cálculo de los costos para terapias psicológicas”.
Así, aspectos como el lucro cesante, el daño moral, al patrimonio familiar y al proyecto de vida no fueron considerados por las autoridades en las sentencias estudiadas. “Han sido únicamente 3 en donde el monto considerado supera los 2 millones de pesos; en el resto apenas y llegan a los 60 mil”.
En la presentación del sitio web ¿Una sentencia es sinónimo de justicia?, Magdalena Velarde, madre de Fernanda Sánchez, asesinada el 4 de enero del 2014 por quien era su esposo, en Cuautitlán Izcalli, estado de México, señaló que cuando se vive una situación así “es muy difícil obtener justicia”. En su caso, agregó, en esta lucha también fueron asesinados sus hijos Daniel y José Alberto Sánchez.
Mencionó que durante la investigación por el feminicidio de Fernanda, “de inicio las autoridades lo clasificaron como suicidio, porque los prejuicios, los estereotipos de género y la estigmatización de las mujeres sigue siendo una constante entre el personal de las fiscalías”.
Aun cuando es evidente que las mujeres fueron privadas de la vida, “las fiscalías te hacen pesado el proceso, te ponen trabas y en general la etapa de investigación se vuelve muy complicada. Para las autoridades es más sencillo cerrar un caso como suicidio, no recabar pruebas, les ahorra tiempo y recursos”, acusó.
Magdalena resaltó que sumado a ello, durante las audiencias “tenemos que escuchar cosas que nos lastiman, por ejemplo, cuando sus asesinos se expresan de nuestras hijas de forma cruel o cuando los testigos de ellos intentan culparlas de su propia muerte”.
Todo ello, “te llenan de coraje y quieres gritarles que mienten, pero hay que seguir las reglas de un proceso que nos impone el sistema de justicia”, expresó.
Destacó que al final, el caso de su hija Fernanda se pudo reclasificar a feminicidio “y bajo ese tipo penal se llegó a juicio y a una sentencia de 69 años en contra de quien algún día dijo que la amaba”.
Sin embargo, enfatizó que las sentencias condenatorias no son sinónimo de justicia, “es un logro muy importante, es una forma de cerrar un ciclo pero nunca será suficiente”.
