La Paz, Méx. El gobierno local presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) en contra de funcionarios de la pasada administración quienes desatendieron demandas de juicios laborales; ahora, el fallo obliga al actual ayuntamiento al pago de indemnizaciones por más de 13 millones de pesos. Del monto total, 13.5 millones de pesos, se entregarán a solo tres ex empleados del trienio 2019-2021.
En sesión de cabildo, la alcaldesa priista Cristina González Cruz acusó, ante síndico y regidores del ayuntamiento 2022-2024, a su antecesora la morenista Olga Medina Serrano de mentir durante la entrega-recepción, porque en ese entonces notificó que no dejaba ningún pendiente jurídico y resultó que no atendió fehacientemente los juicios laborales de trabajadores que fueron despedidos en aquella gestión.
“Es un tema preocupante, ya que la expresidenta Olga Medina, de Morena, al término de su administración indicó que no dejaba ningún tema sin resolver en materia jurídica, y al día de hoy se sabe que, durante el 2019, en dicha administración dejaron de atender los temas jurídicos, teniendo como consecuencia la pérdida de dichos casos y que, al día de hoy, dicha deuda asciende a más de 13 millones de pesos”.
A los integrantes del ayuntamiento les avisó que también dio aviso a la Contraloría del Poder Legislativo porque su antecesora dejó en la indefensión a la actual administración porque en caso de no dar cumplimiento al pago de indemnizaciones se incurre en desacato y ella, síndico y el tesorero, pueden ser destituidos del cargo.
Lamentó que el hueco que se dejará en el presupuesto municipal será destinado para el laudo de tres exempleados. Uno de ellos, recibirá más de 8.5 millones de pesos; otro más de tres millones; y el otro por más de dos millones de pesos. Debido al déficit financiero, ahora dejará de atenderse obras sociales, principalmente.
La alcaldesa indicó que se tomó la decisión de presentar la denuncia ante la FGJEM por el daño provocado al patrimonio municipal; porque legalmente se pudo defender los recursos públicos; sin embargo, los abogados del trienio anterior dejaron de acudir a las audiencias y luego de meses de litigio, el fallo fue favorable para los ex empleados que denunciaron despido injustificado durante aquel trienio.
“Cuando un juicio desde su primera etapa no es bien defendido, no hay una defensa correcta, donde las partes como la actora y la demandada tienen la oportunidad de ofrecer pruebas a la autoridad para poder definir, si todo eso no se hace adecuadamente en estas primeras etapas ya muy difícilmente los recursos que se entablen se sustentan preponderantemente en la esencia del juicio que se lleva
González Cruz dijo que se tiene que desembolsar recurso público para solventar el pago por otros juicios laborales que perdió el área jurídica de la administración que encabezó Olga Medina. Los montos van de los 200 mil a los 300 mil pesos.
