Como presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato (2015-2018), Ricardo Villarreal García se vendió un predio propiedad del ayuntamiento, ubicado en el fraccionamiento Garambullos –uno de los mayor plusvalía de la ciudad– a un precio de sólo 10 por ciento de su valor real, con un perjuicio al erario de unos 100 millones de pesos.

Lo anterior consta en una denuncia de hechos que Pablo González Sierra, apoderado legal del ayuntamiento, encabezado actualmente por el alcalde Mauricio Trejo Pureco, presentó ante las fiscalías de Investigación Especializada en Delitos de Servidores Públicos y General del Estado el pasado 2 de octubre.

La querella es contra Villarreal García, actual diputado federal por el Partido Acción Nacional, y Osvaldo García Arteaga, ex director de desarrollo social y humano del municipio de San Miguel de Allende, quien dio el visto bueno para el trámite de enajenación del inmueble, el 9 de enero de 2018, y quien resulte responsable.

En entrevista, González Sierra expuso que la adquisición del predio de 9 mil 237 metros cuadrados presumiblemente se realizó a través de una persona jurídica de nombre Aquacap de México, SA de CV, cuyos dueños y socios son en realidad prestanombres. Dicha empresa se constituyó sólo cinco días después de que se inició la administración de Villarreal García.

En septiembre de 2018, Aquacap pagó 8 millones 313 mil 939 pesos por el terreno cuando, según el dictamen de valuación del inmueble elaborado por María Rocío Ponce Vázquez, ingeniera y maestra en ciencias de la valuación, el valor comercial y real era de 109 millones 455 mil 410 pesos. Actualmente el predio vale 140 millones 505 mil pesos.

Trama de corrupción

De acuerdo con la denuncia, el 14 de diciembre de 1999 la empresa Gazabo SA de CV, representada en ese entonces por Federico Gama Barletli, donó al gobierno municipal el inmueble denominado Parque 1, que era una fracción del predio Las Colinas, de 9 mil 237 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Garambullos.

Este exclusivo desarrollo residencial se localiza en una zona privilegiada, la loma Las Colonias, que colinda con la presa El Obraje, con El Charco del Ingenio, asociación civil que tiene bajo su cuidado uno de los jardines botánicos más importantes del mundo, y por consiguiente área natural protegida.

En 2018, funcionarios municipales de San Miguel de Allende avalaron la solicitud de un particular y aprobaron en sesión de ayuntamiento la desafectación del inmueble y su venta a la empresa Aguapac, de forma presuntamente ilícita, delictuosa y ampliamente desfavorable para el erario para favorecer ilegalmente a dicho particular adquiriente, ya que vendieron a un precio irrisorio un bien municipal que costaba por lo menos 13 veces su valor, se expone en la querella.

Es posible, se asevera, que pudieron ser los mismos funcionarios públicos municipales quienes se vendieron un terreno de los sanmiguelenses en perjuicio de éstos.

El 18 de febrero de 2018, el ayuntamiento acordó (10 votos contra uno) la desafectación del predio de 9 mil 237 metros cuadrados en el fraccionamiento Garambullos y autorizó su venta a Aquacap, representada por su socio y accionista José Antonio Ávila Gómez.

En la escritura pública 17047, del 27 de septiembre de 2018, ante el notario público 12, Manuel García, se protocolizó la compraventa de dicho predio en 8 millones 313 mil 939 pesos.

Por parte del municipio comparecieron Jesús Gonzalo González, alcalde interino; Pável Alejandro Hernández Gómez, síndico del ayuntamiento, y por la otra parte José Antonio Ávila Gómez, representante de Aquacap. La escritura pública fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio real R3*57045.

En la escritura se escondieron los datos respecto de la fecha en que se hizo el depósito (8 millones 313 mil 939 pesos) a la cuenta del municipio, pero sobre todo se escondió la identificación de la cuenta desde la que se hizo el pago del dinero, se acusa en la denuncia.

Cuentas ocultas y presuntos prestanombres

El ayuntamiento de San Miguel de Allende solicitó a las autoridades que investiguen el origen de los recursos económicos que tuvo durante, antes y después del 28 de septiembre de 2018 la empresa Aquacap, puesto que es factible establecer que no son lícitos. Además, apuntó, es altamente probable que los socios y dueños de la empresa sean solamente unos prestanombres o socios fachada.

Demandó también un informe pericial de valuación del predio a febrero de 2018 (fecha del acuerdo del ayuntamiento) y septiembre de 2018 (fecha de la escritura pública y pago del precio del predio).

Según el dictamen de evaluación del predio de 9 mil 237 metros cuadrados que realizó la experta María Rocío Ponce Vázquez, éste no tenía un valor de 900 pesos el metro cuadrado, como falsamente fue adquirido y pagado, sino de 11 mil 848 pesos por metro cuadrado.

El 15 de enero de 2018, María Verona Azucena Guerrero Arana, directora de catastro y predial de San Miguel de Allende, declaró procedente la desafectación y venta del terreno. El 9 de enero, Osvaldo García Arteaga, director de desarrollo social y humano, y el 17 de enero, Luis Manuel Orozco Arroyo, encargado de la dirección general jurídica, llegan a la misma conclusión.

Todos lo hacen con oficios dirigidos a Abelardo Quero Insunza. Éste, el 26 de enero, en su calidad de director de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, envía un oficio a Pável Alejandro Hernández Gómez para notificarlo del dictamen técnico de esa dirección, que aprueba la desafectación del predio y su venta al particular.

Luego la comisión de hacienda, patrimonio y cuenta pública elaboró un dictamen de dos páginas en el que, repitiendo los argumentos para la desafectación y venta del predio propiedad del municipio, las aprueba y lo hace llegar al secretario de ayuntamiento, Jesús Gonzalo González Ramírez.

Hasta junio de 2022, la administración del priísta Miguel Trejo Pureco había interpuesto ante la Fiscalía General Anticorrupción o de Investigación Especializada en Delitos de Servidores Públicos 28 denuncias penales contra Villarreal García, actual diputado federal, las cuales están en trámite.

En cuanto a la creación de la empresa Aquacap, según la escritura pública 29,946, registrada ante el notario público 171, Juan José A. Barragán Abascal, con sede en la Ciudad de México, en octubre de 2015 se estableció en los datos generales que los socios son empleados y tienen su domicilio en Tultitlán, estado de México.

Los socios José Antonio Ávila Gómez y Leonardo Ávila Alcantar, padre e hijo, aseguraron vivir en el lote 59 del condominio 18 del fraccionamiento Las Torres, una vivienda humilde de interés social.

Aquacap señaló que su capital social será de 50 mil pesos y los socios (padre e hijo) tendrán una participación de 50 por ciento, con 25 mil acciones cada uno.

Como se observa, los altos y elevados objetivos de la persona jurídica Aguacap (una empresa constructora de edificios, puentes, carreteras y casas, además de urbanizadora de calles, avenidas, etcétera) debería ser acorde con las altas condiciones económicas y sociales de sus socios, pero no es así, se puntualiza en la denuncia.

Por todo lo anterior, el ayuntamiento de San Miguel de Allende solicita que un agente del Ministerio Público acredite la solvencia social y económica de los socios, solicitando informes a las diversas autoridades, tanto del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Registro Público de la Propiedad de San Miguel de Allende y de Tultitlán, estado de México, para verificar su tráfico económico y jurídico.

Hay buenas razones para pensar que el señor José Antonio Ávila Gómez pudo haber muerto en agosto de 2021, por lo que deberá pedir informes en el registro civil de Tultitlán para verificar esa circunstancia, apunta.

De la información anterior se puede advertir como probable la imposibilidad de que José Antonio Ávila Gómez y Leonardo Ávila Alcantar sean los dueños y propietarios de Aquacap y que dicha empresa haya comprado y adquirido un predio de casi 8 millones y medio de pesos, porque es imposible que hayan adquirido, ganado u obtenido de forma lícita esa cantidad de dinero para el 18 de septiembre de 2018, concluye la querella.