México se abstuvo de votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un tema histórico: la promoción de una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, que busca dar un vuelco a la forma en que se deciden las reglas tributarias globales. El proyecto que impulsó la Unión Africana fue respaldado por la mayoría de países de ingresos bajos y medios; con él se podría quitar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la batuta de cómo debe funcionar el sistema fiscal internacional.

La resolución fue calificada de histórica por diversas voces especializadas en el tema. La Red por la Justicia Fiscal expuso que el último intento de llevar las normas tributarias a la ONU fue en la década de 1970. El fracaso de ese momento disuadió cualquier otra iniciativa en casi medio siglo. He de ahí que el voto de este 22 de noviembre “es una hazaña poco común, y demuestra la abrumadora demanda de los países fuera de la OCDE de tener una voz significativa sobre las normas tributarias globales que históricamente se les ha negado”, enfatizó la organización.

La propuesta de la Unión Africana –votada a favor por 125 países, casi dos tercios de los miembros de la ONU, 48 en contra y 9 abstenciones– aboga por crear una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, estatus que implica un marco legal armonizado y vinculante para todos los miembros; también pide protocolos tempranos contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el pago de impuestos derivado de la prestación de servicios transfronterizos en la economía digital.

En medio de una mayoría latinoamericana que votó a favor de la resolución, sorprendió el que México se abstuviera, como lo hizo Costa Rica; ambos miembros de la OCDE. Sobre todo porque en la misma ONU, la canciller mexicana Alicia Bárcena se pronunció a favor semanas atrás. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público declinó explicar por qué no se involucró en apoyar la resolución de corte progresista.

“Sí sorprende que en esta votación México no haya tenido una participación mayor y no haya decidido su opinión”, sobre todo porque bajo el marco que promueve la OCDE, el país no se beneficiaría como lo haría de una Convención Marco, explicó en entrevista Ana María Morales, integrante del programa Justicia Fiscal de Fundar. Incluso, en la enmienda regresiva que promovió Reino Unido para quitar del proyecto la palabra “convención” –clave de un marco legal vinculante–, la delegación mexicana dio su respaldo, evidenció la investigadora.

Se asume que “las presiones de la OCDE fueron muy grandes”, porque se ha registrado un “desdén de México por participar de procesos alternativos al marco inclusivo de la OCDE”, como la nueva plataforma de cooperación fiscal que se lanzó este año en Colombia, encuentro al que Hacienda no envió representación, comentó Morales.

Al margen del pilar 1 y 2 promovidos en el marco inclusivo de la OCDE, la Unión Africana hizo una propuesta por considerar que lo hecho por los países de ingreso alto no era “eficiente ni suficiente” para la situación de la economía digital. “En la ONU sí existiría un proceso de negociación abierto, inclusivo y en igualdad de condiciones para todos los países que forman parte”, casi 200 países con voz y voto, mientras en la OCDE, menos de 40 tienen poder de decisión, explicó.

Alex Cobham, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal, comentó que la resolución de ayer en la ONU “es una victoria histórica lograda por los países del Sur global, en beneficio de la gente de todo el mundo. Los paraísos fiscales y los grupos de presión corporativos han tenido demasiada influencia en la política fiscal global en la OCDE durante demasiado tiempo”.

“Nos comprometemos a seguir colaborando con socios globales –incluida la ONU– para fortalecer la inclusión y seguir ofreciendo una vida mejor y un sistema tributario internacional más justo”, comentó Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. Dijo que la organización “se enorgullece de su historial de lograr soluciones basadas en el consenso para abordar la evasión y elusión fiscal, estabilizar el sistema tributario internacional y apoyar a los países en desarrollo”.