Madrid. Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, solicitó al Tribunal Supremo español que abra una investigación contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otras 11 personas por un presunto delito de terrorismo por su supuesta vinculación a las actuaciones de sabotaje a infraestructuras y violencia callejera cometida en noviembre del 2019 y desde la plataforma independentista Tsunami Democratic.

Esta indagatoria se abre en pleno proceso de tramitación de la nueva ley de amnistía, que permitirá la anulación de los procesos penales contra todos los líderes, simpatizantes y militantes del separatismo catalán que están siendo juzgados por actuaciones vinculadas al proceso de independencia desde el año 2012 hasta la actualidad.

Puigdemont, por su calidad de europarlamentario, tiene inmunidad, de ahí que el juez García-Castellón haya decidido inhibirse de la investigación que tenía abierta en la Audiencia Nacional y trasladar el caso al Tribunal Supremo, que es el órgano responsable de asumir los procesos judiciales que afectan a personas con algún tipo de inmunidad jurídica, la mayoría políticos en activos.

El caso se abrió a raíz de las protestas que se registraron en noviembre del 2019 en las principales ciudades de Cataluña y a raíz de la sentencia de Tribunal Supremo contra los líderes separatistas que sí fueron juzgados por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre del 2017.

Según la versión de la investigación, Puigdemont y la ex secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, que reside en Suiza desde entonces, coordinaron y organizaron los actos de protesta, en los que hubo desde intentos de sabotaje al aeropuerto de Barcelona o las líneas de trenes de alta velocidad hasta ataques con piedras a dependencias públicas del gobierno español.

Esta investigación, una vez que la abra el Tribuna Supremo, podría complicar la situación penal de Puigdemont y, sobre todo, dificultar la validación de la futura ley de amnistía por parte de la Unión Europea (UE), que a petición de la derecha española, ya pidió un informe sobre los detalles de la norma.

El escrito remitido por García Castellón sostiene que existen indicios que permiten inferir la participación de Puigdemont “en el nacimiento y planificación. No se trata de imputar cualquier sospecha o conjetura. Existen indicios fundados y serios de la comisión de hechos delictivos susceptible de calificarse como acciones de terrorismo”.

Malestar en Podemos por su salida del gobierno

En la toma de posesión de sus cargos de los nuevos ministros del nuevo Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, afloró el profundo malestar que persiste en Podemos, la formación política que pasó en menos de cinco años de ser la fuerza hegemónica de la izquierda a convertirse en una formación residual de una coalición de 15 partidos, Sumar.

Las ministras de Podemos que dejaron sus cargos, Irene Montero, en Igualdad, e Ione Belarra, en Asuntos Sociales, arremetieron contra el presidente Sánchez y contra sus todavía socios de plataforma y a tan sólo unos días de haber apoyado su investidura. Montero señaló durante el traspaso de su cartera ministerial: “Hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno.

Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio de los avances feministas”. Y le dijo a su sustituta, la socialista Ana Redondo: “Ministra, te deseo que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que antes nadie se hacía y proponiendo nuevas respuestas”.

Mientras que Belarra señaló: “No les oculto que hoy es un día difícil para mí. Sánchez y el PSOE consiguen hoy lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Esto no es solo injusto, sino que es un enorme error político porque tenemos a una ola reaccionaria enfrente”.

Finalmente, el vocero del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, acusó al líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, de “cruzar todas las líneas de la decencia al achacar al presidente del Gobierno un tic patológico”.