La cuarta transformación (4T) es un proceso; se inició con un claro triunfo electoral, tiene raíces y antecedentes en la historia política de nuestro país; durante los últimos 60 o 70 años partidos políticos, movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, combatieron al viejo régimen, fueron jalones históricos que desembocaron en 2018. Lo que ha cambiado es mucho, lo que se ha logrado está a la vista: obra pública, vacunación a toda la población durante el covid, rescate de empresas estratégicas, austeridad, aumento del salario mínimo, recuperación económica y algo novedoso; comunicación diaria con los ciudadanos y combate a la corrupción; vamos bien, pero en política al avanzar, el horizonte se aleja.
En mi opinión, en lo que toca al Poder Ejecutivo, creo que para superar el modelo neoliberal, se requiere mayor apoyo a las cooperativas y a la justicia social y más allá de programas distributivos; también un cambio en las estructuras, por ejemplo, participación de los trabajadores en forma paulatina en la propiedad y en la dirección de las empresas, sin terminar con éstas; dar oportunidad a sindicatos y trabajadores en lo individual, a participar invirtiendo aguinaldos y bonos en compra de acciones; en materia educativa debe consolidarse la Nueva Escuela Mexicana; en esta materia se dio un paso radical con los libros de texto gratuitos, pero son necesarios más recursos para las aulas.
Hay otros problemas que corresponden a los poderes Legislativo y Judicial; especialmente, respecto de este último. Desde hace tiempo el Presidente ha señalado que es necesario un cambio de fondo y desterrar la corrupción; durante su gobierno tuvo lugar una importante reforma legislativa, promovida por el anterior presidente de la Corte y apoyada por el titular del Ejecutivo; sin embargo, tanto nuestro Presidente como la opinión pública exigen profundizar en el tema y la desaparición de los fideicomisos aprobada hace una semana, volvió a poner en el centro de los debates la atención de la opinión pública a este poder, antes tan poco visible.
En esta discusión, reitero dos observaciones a las que me he referido antes; la primera es que el Poder Judicial resuelve conflictos y, por tanto, en cada asunto del que se ocupa, un litigante gana el juicio y otro lo pierde, es explicable que quienes no obtuvieron lo que esperaban de la sentencia, se sientan tratados injustamente y es frecuente que acusen a sus propios abogados, a los jueces o a los magistrados de parcialidad y de corrupción. En mi opinión en este poder compuesto por un número muy grande de personas, hay honrados y corruptos, competentes e incompetentes y, en general, buenos y malos. En el otro tema, el de los fideicomisos, reitero que requirió desde su inicio de aclaraciones y precisiones; se trató desde entonces con falta de información y malos entendidos de ambas partes.
La reforma a fondo es necesaria y el proceso debe ser buscando consensos y a partir de propuestas concretas, viables y muy bien fundamentadas; recuerdo a quienes lo hayan olvidado que en el constituyente de la Ciudad de México se aprobó una reforma que debe retomarse y sostenerse. El artículo 35 apartado E, segundo párrafo del inciso dos de esa Constitución de avanzada, se dispone lo siguiente: “Quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia”.
En el constituyente esta separación fue muy discutida y finalmente aprobada, si no recuerdo mal, por unanimidad; las razones que se dieron giraron alrededor de esta idea: el poder de los jueces es dictar sentencias, resolver controversias e interpretar la ley, no administrar recursos, cargos y presupuestos.
Lamentablemente fue interpuesto un amparo contra esta disposición y la Suprema Corte, viendo las barbas de su vecino rapar, puso las suyas a remojar e inmediatamente, sin mucha discusión, echó abajo esta reforma, así como otras que significaban avances positivos, pero que también constituían amenazas para el régimen que aún no estaba maduro para cambios de fondo; ahora estamos en otro momento y la 4T puede retomar esta idea, quien presida la Corte deberá ocuparse solamente de participar en las resoluciones de más alto nivel del Poder Judicial, presidir el alto tribunal y ocuparse de asuntos de carácter jurisdiccional; un Consejo de la Judicatura presidido por un funcionario distinto a quien presida la Corte será el que se ocupe de la parte administrativa del aparato del Poder Judicial que es numeroso y va en crecimiento, las decisiones serán siempre colegiadas y el consejo actuará con independencia técnica y funcional.
No es sano que quien tiene el manejo de recursos y puede decidir sobre ellos, quien tiene facultades de quitar y poner servidores públicos, calificarlos para su ingreso y designar los lugares de su asignación, tenga además la última palabra en materia jurisdiccional.
