Como estaba previsto, el presidente Pedro Sánchez consiguió los 179 votos necesarios en el Congreso de los Diputados para permanecer al frente del gobierno español por cuatro años más, hasta 2027. Para lograrlo, tuvo que construir un acuerdo aparentemente imposible con un abanico de fuerzas que va desde Sumar, la coalición de 15 partidos de izquierdas, hasta los regionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios. El pacto compromete al mandatario a impulsar una ley de amnistía para todos los simpatizantes, militantes y líderes del separatismo que tienen causas penales abiertas por su participación en actos relacionados con la lucha por la secesión de Cataluña desde 2012 hasta la fecha; a facilitar la autonomía fiscal absoluta de esa rica región, y a trabajar para que se celebre un referendo de independencia vinculante en los próximos cuatro años.

Con su relección, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cerró el paso al Partido Popular (PP, autodenominado como de centroderecha), que pretendía formar gobierno junto a su aliado neofascista Vox. En su segunda fase, la administración Sánchez afrontará a contracorriente –y hasta cierto punto, a regañadientes– la complicadísima tarea de comenzar el desmantelamiento del entramado institucional heredado del franquismo y consagrado en la Constitución de 1978. Para añadir complejidad al desafío, deberá abordar su cometido en el tema más irritante para las derechas y para una parte muy sustancial de la sociedad española: el de los independentismos catalán, vasco y, en una medida claramente distinta, gallego.

Adentrarse en ese ámbito no sólo supondrá asumir un golpeteo permanente de sus rivales políticos y de los medios de comunicación, sino una pelea frontal con una de las más nefastas herencias del franquismo: el aparato judicial. En casi medio siglo de democracia formal, esta rama del gobierno permanece en su mayoría anclada a la dictadura de Franco, pues el nepotismo, el tráfico de influencias institucionalizado, el espíritu de cuerpo, la ausencia de cualquier control democrático sobre su funcionamiento interno y la arrogancia que les confiere a sus miembros la intocabilidad de sus decisiones, hacen al Poder Judicial totalmente refractario a la democracia y a la soberanía popular. Estas características de la judicatura son bien conocidas en México, donde jueces y magistrados se han asignado el papel de guardianes del régimen neoliberal derrotado en las urnas.

Durante décadas, el Poder Judicial ha sido el martillo usado por Madrid para aplastar a las naciones que no se sienten a gusto dentro del Estado español. Los independentistas vascos de izquierda han sido sistemáticamente perseguidos y encarcelados con la presunción de vínculos con el extinto grupo armado ETA, incluso tras su disolución. En estos momentos hay alrededor de mil 400 personas imputadas, algunas de ellas con el cargo de terrorismo, por buscar de manera pacífica y democrática el reconocimiento de la independencia catalana, lo cual muestra hasta qué punto se ha pervertido el estado de derecho español por los sesgos ideológicos de los togados.

Si todas estas complicaciones no fueran suficientes, en las filas que votaron por su relección, Sánchez debe contemporizar con organismos como el conservador Juntos por Cataluña, de Carles Puigdemont, cuya visión de las cuestiones sociales y de las problemáticas que padecen las mayorías no es menos retrógrada que la de la derecha españolista. En este escenario, cabe desear que el mandatario, probado sobreviviente de las tormentas partidistas, encuentre la fórmula para mantener la unidad entre los disímiles grupos que lo apoyaron en esta ocasión. A su vez, los líderes de cada una de las formaciones que integran la estrecha mayoría parlamentaria deben dejar de lado las rencillas mezquinas y entender que lo que está en juego si el gobierno de Sánchez llegara a caer es nada menos que la instauración del neofranquismo, tanto el mal disimulado del PP como el desembozado de Vox.