Madrid. Las calles aledañas al Congreso de los Diputados están blindadas bajo un hermético control policial, que se mantendrá los próximos días para impedir que las protestas contra la investidura del socialista Pedro Sánchez impidan el normal funcionamiento parlamentario. Y esta es sólo una muestra del grado de tensión y de la crispación que se ha instalado en la política española, con al menos la mitad de la población en oposición frontal a los pactos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos que permitirá la primera reelección de Sánchez como presidente del gobierno.
El Parlamento español iniciará este miércoles un histórico debate de sesión de investidura, en el que, por primera vez en la historia desde la restauración de la democracia, gobernará el país una coalición de hasta siete partidos políticos, con una formación hegemónica, el PSOE, que en los comicios del pasado 23 julio fue el segundo más votado y logró 121 escaños. Para impedir que la derecha y la extrema derecha gobiernen el país, Sánchez decidió iniciar unas negociaciones con el resto de formaciones políticas, para lo que finalmente alcanzó una serie de acuerdos, algunos de ellos muy polémicos, con fuerzas tan distintas como el conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) y los independentistas de la izquierda vasca EH-Bildu; o la derecha nacionalista catalana de Junts per Catalunya (JxCat) y con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además de otros pactos con la coalición de 15 partidos de izquierda Sumar, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria (CC), y que suman en total 179 diputados, frente a los 171 del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Esta alianza multipartita será vital para sacar adelante las iniciativas parlamentarias a lo largo de los próximos cuatro años que dure la legislatura.
Pero la crispación y la división se han agudizado sobre todo ante la inminente ley general de amnistía, que eliminará los procesos judiciales y las sentencias en curso a todos los militantes, simpatizantes y líderes del proceso de independencia unilateral catalán desde el año 2012 hasta la fecha. De hecho, en la víspera de la sesión de investidura, volvieron a alzar la voz frente a esta ley los colectivos de jueces, las asociaciones de abogados del Estado, inspectores de Trabajo y de Hacienda, los sindicatos de las fuerzas policiales del Estado e, incluso, algunas agrupaciones sindicales de funcionarios públicos que también están en contra. Además, en decenas de plenos municipales, la mayoría de ellos convocados por el PP, se aprobaron sendas mociones de condena a la ley, que elevó aún más la tensión política, provocando incluso que en algunos de ellos, como ocurrió en Castellón y en Ciudad Real, los representantes socialistas decidieron abandonar la sesión ante las descalificaciones que se vertieron contra Sánchez y el resto del equipo de gobierno.
Además, en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó un cambio urgente de la normativa de las iniciativas parlamentarias con el único objetivo de intentar retrasar lo máximo posible la entrada en vigor y la tramitación de la ley general de amnistía, con lo que, si se cumplen los trámites previstos, la normativa que permitirá el regreso a Cataluña del ex presidente Carles Puigdemont podría estar aprobado en el primer trimestre del próximo año, siempre dependiendo de las enmiendas presentadas. En cualquier caso, y ante el incremento de la crispación, el ministro de la Presidencia de España, el socialista Félix Bolaños, informó que el gobierno estaba dispuesto a autorizar la seguridad personal a Puigdemont por parte del Estado español, que en cuanto esté activado tendrá en Bruselas, donde reside, hasta cuatro agentes de seguridad permanente las 24 horas del día.
Además, por décimo segundo día consecutivo se volvieron a concentrar en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid miles de personas para repudiar los pactos con los nacionalistas y la ley de amnistía.
