Familiares de policías municipales oriundos de Coyuca de Benítez –municipio ubicado en la región Costa Grande de Guerrero—, a quienes se dio muerte el 23 de octubre anterior en un ataque perpetrado por una agrupación de la delincuencia organizada, aseguraron que al momento no han recibido apoyo alguno, lo que los obligó a trasladarse al estado de Michoacán para resguardar su seguridad.

Uno de los afectados señaló: “Vengo a pedir justicia para que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador escuche la pesadilla que actualmente vive mi familia; el pasado 23 de octubre mi cuñado Carlos N, quien era elemento de la policía municipal de Coyuca de Benítez, fue asesinado junto con una docena de sus compañeros, entre ellos el secretario (de seguridad pública municipal, Alfredo Alonso López) y el director (de la policía municipal, Honorio Salinas), a manos de un grupo criminal encabezado por (Salvador) Chava Granados, que mantiene asolada a esa región de Guerrero”.

En un comunicado, parientes de los uniformados aseguraron que “después de la masacre de los policías, entre ellos mi cuñado, en la población de El Papayo, como pudimos lo enterramos; hasta el momento no hemos recibido apoyo alguno del municipio ni de gobierno del estado; a su esposa, que es mi hermana, ni para la caja le dieron, pero ahí no terminó el asunto”.

Se acotó en el boletín que “familias completas tuvimos que salir huyendo de nuestros hogares por amenazas de los mismos delincuentes, y en un primer momento buscamos refugio en Acapulco, para tratar de iniciar de nuevo nuestras vidas; sin embargo, como todos saben, el huracán Otis devastó Acapulco y tuvimos ahora que salir del estado y llegamos a Michoacán”.

Destacaron: “Somos gente de trabajo, no estamos pidiendo nada regalado, pero en Guerrero no hay condiciones para que mi familia y otras más pudiéramos regresar, el crimen organizado (encabezado por este señor Chava Granados), mantiene el control de todo en la zona de Coyuca de Benítez, tan así que los transportistas o particulares que circulan por las carreteras tienen que pagarles piso o les quitan sus unidades, o si no ‘colaboras’ con ellos, te matan”, como ocurrió con los policías.

Ante la situación, suplicaron a los gobiernos federal y estatal “que tomen cartas en el asunto, hoy fuimos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera; también quisiéramos pedir al gobierno de Michoacán que sirva como puente de comunicación con las instancias correspondientes, para poder liberar esa zona de Guerrero de los delincuentes y que nuestros policías asesinados obtengan justicia”.

A su vez, Francisco N, cuñado de Carlos, uno de los policías asesinados, reclamó que “ni para caja para enterrar a mi cuñado, no nos ha apoyado el gobierno de Guerrero”.

Recordó que Chava Granados tenía amenazados de muerte a los policías desde hace tiempo, si no se unían a él. “Varias veces llegaron sujetos armados a la casa de mi cuñado y amenazaban a toda la familia con matarlos, si no se alineaban”, expuso.

Narró que el día de la masacre, Chava Granados “llegó a la caseta de vigilancia en El Papayo, ahí amagaron cuatro policías, los desarmaron y quitaron la patrulla, a los cuales obligaron a pedir apoyo por radio, que los estaban atacando. Después los ejecutaron”.

Al no tener dónde vivir “nos refugiamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la esperanza de obtener ayuda. Por ello, pedimos justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, que voltee a vernos y otorgue ayuda, ya que las que las autoridades del municipio de Coyuca de Benítez nos han dejado solos”.

Aseguraron que al igual que ellos, parientes de los demás elementos policiacos masacrados huyeron de sus viviendas, por las amenazas de muerte del grupo delictivo Los Granados.