Juan Fernando Luévano Ovalle, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua otorgó una suspensión definitiva que impide al gobierno federal el acceso a los más de 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El togado ordenó a la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación, abstenerse de aplicar dichos fondos que el Ejecutivo destinaría a la población guerrerense afectada por el huracán Otis.

El falló en este caso es a favor de la quejosa María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de la misma entidad. Es la primera suspensión definitiva que un togado concede para frenar, por el momento, la reforma por la cual quedaban eliminados dichos fondos.

No obstante, las autoridades pueden impugnar la sentencia para que un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca la resolución de primera instancia.

En su decisión, el impartidor de justicia argumentó que las autoridades federales también deben renunciar a cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual se crearon, los cuales fueron celebrados por el CJF en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.

Ordenan detener la transferencia de recursos

Asimismo, ordenó que se suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencias de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultadas para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación.

El fallo indica que los efectos antes mencionados se traducen en cuanto a que dichos fideicomisos sigan con su operatividad regular en relación con la finalidad por la cual fueron creados, es decir que continúen operando con regularidad hasta que se resuelva en definitiva el juicio del que deriva el presente juicio de amparo.

Esta semana Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, por lo cual quedaron congelados por ahora los cerca de 15 mil millones de pesos de esos instrumentos. La jueza citó a la audiencia incidental para el 14 de noviembre, cuando resolverá si concede la suspensión definitiva.