Ciudad de México. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ejercer su facultad de atracción y resuelva de forma definitiva los amparos tramitados por integrantes del Poder Judicial para evitar que los recursos de 13 fideicomisos extintos sean dirigidos al apoyo a las víctimas de Acapulco.

El llamado de esta área del Ejecutivo se da luego de considerar que “en fast track” dos jueces otorgaron sendas suspensiones definitivas para impedir que los 15 mil millones de pesos acumulados en los fideicomisos puedan destinarse a dicho fin.

En un comunicado emitido este viernes, la CJEF detalló que “en forma rápida, inusual y sin oír a todas las partes en juicio, el juez decimosegundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, incluido él, con lo que impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre”.

Agregó que de la misma forma, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió la suspensión con efectos generales “que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. La suspensión sólo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio”.

La Consejería del Ejecutivo remarcó que el principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal. Agregó que la Constitución y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del estado de derecho.

Con base en ello consideró que los “jueces y magistrados (que) resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”.

Ejemplificó que trabajadores tanto del sector privado y como de la administración pública aportan cuotas para recibir sus prestaciones de seguridad social (pensiones y servicios médicos, entre otros).

Contrario a lo que hacen estos jueces y magistrados “que se colocan en una ‘situación especial’, buscan beneficiarse de los recursos públicos de los fideicomisos sin haber realizado ninguna aportación extraordinaria para recibir las ´pensiones y seguros médicos complementarios’, que finalmente se cubren con las contribuciones de la población. Defienden supuestos derechos laborales que no disfrutan los demás trabajadores de empresas ni servidores públicos. ¿Es eso justo? ¿Es equitativo?”.

El percibir beneficios extraordinarios —agregó la CJEF— a cargo de los recursos públicos “no es garantía de independencia judicial”, como lo han argumentado jueces y magistrados federales. Así, la representación judicial del Ejecutivo subrayó: “Ésta no es una mercancía; es un principio que no tiene precio”.

Consideró que por ética judicial, los dos juzgadores aludidos debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF. “No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad, al ser juez y parte en asuntos de su interés”. 

Se recordó que el 31 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, públicamente señaló en un oficio que “la propuesta que se hace desde el poder Ejecutivo (de dirigir los 15 mil millones de pesos a Acapulco) al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.

Es por ello, que solicitó a la ministra Piña ejercer su facultad de atracción para resolver de manera definitiva los amparos promovidos por miembros del Poder Judicial contra esa medida, “ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.

La Consejería remarcó que la Corte debe  atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Se tiene confianza en que algunos ministros harán honor a su cargo y actuarán con imparcialidad”, concluyó.