Sobrevivientes del incendio de la estación migratoria provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo pasado, y familiares de migrantes asesinados en masacres en México, así como organizaciones que los acompañan, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la impunidad” en la que se encuentran estos casos y la falta de acciones para prevenir hechos similares.

En audiencia en Washington, Estados Unidos, pidieron que se conforme una comisión especial para investigar las masacres -un total de seis, entre ellas la de San Fernando, Tamaulipas- y desaparición de migrantes, “con enfoque trasnacional y de macrocriminalidad, con la participación de países de la región, siguiendo los criterios de cooperación regional” establecidos por la CIDH.

Señalaron que este mecanismo “debe estar anclado en la Fiscalía General de la República (FGR), contar con autonomía técnica, asistencia de instancias internacionales como la CIDH y ONU y garantizar en todo momento la participación de la sociedad civil”.

En representación del Estado mexicano la embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, reiteró el compromiso “de continuar adoptando medidas necesarias para atender y reparar a las víctimas” del incendio de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas, y de prevenir que estos hechos no se vuelvan a repetir.

La actual política migratoria “se enmarca en el respeto a los derechos humanos” y responde “al compromiso del gobierno para atender el tema migratorio desde una visión humanitaria”, destacó.

También, hizo mención a la Cumbre de Palenque, Chiapas, en la que se reunieron representantes de 10 países de América Latina y el Caribe, quienes acordaron un paquete de 13 acciones para enfrentar los crecientes flujos y alentar medidas para atender las causas estructurales de las migraciones, al tiempo que se hizo un exhorto a las naciones de tránsito a adoptar medidas integrales en apoyo a estas poblaciones.

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), Yuriria Rodríguez, hizo un recuento de las acciones que se han llevado a cabo con las víctimas del incendio de Ciudad Juárez y sus familias, entre ellos más de mil 300 servicios, que incluye el acompañamientos en materia de trabajo social, sicológico, además de los trabajos para la reparación integral.

Por su parte, la FGR también se refirió a la investigación del caso y afirmó que ha respetado el derecho de las víctimas a elegir libremente a sus representados.

La vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, resaltó la necesidad de respuesta de justicia, ante lo sucedido en Ciudad Juárez y las masacres -de estás últimas organizaciones señalaron que son 390 víctimas-. “Por eso la situación de las investigaciones que sean oportunas, al más alto nivel de debida diligencia, de la imparcialidad, atender de una manera muy exhaustiva todas las denuncias de violencia que son cometidas contra las personas”, particularmente las que están en detención.

Enfatizó también que la atención de la migración no es un tema de un sólo país. “Es uno que requiere que la comunidad internacional tenga claro esta responsabilidad del abordaje del problema”, que implica el reconocimiento del derecho de las personas “de salir de su país en búsqueda de las respuestas de vida”

Igualmente, reconoció que la declaración de Palenque “es un paso muy importante en buscar una verdadera identificación con la corresponsabilidad transfronteriza que se requiere y también de poder tener una visión de cuáles son esos obstáculos que en un acceso a la justicia transfronteriza”.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, dijo que “las políticas migratorias que se están aplicando en México son mortales”. Expuso que “58 personas migrantes han fallecido en custodia del Estado desde el 2018”. Indicó que la Organización Internacional para las Migraciones “tiene registradas 4 mil 825 personas migrantes desaparecidas y fallecidas; en lo que va del sexenio más de un millón 200 mil han sido presentadas ante la autoridad migratoria y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado desde el año 2009 más de 90 mil casos de secuestro, trata y tráfico de personas”

Las organizaciones, entre ellas también el Instituto para las Mujeres en la Migración, pidieron igualmente a la CIDH que realice una visita al país.