Ciudad de México. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que no tiene plan A o B, solo continuar en el cargo, pero “si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.

Durante un mensaje a medios frente a uno de los 60 inmuebles asegurados a una red de corrupción de funcionarios y ex funcionario de Benito Juárez, ubicado en Insurgentes Sur 1774, colonia Florida, aseguró que detrás de la negativa a su ratificación está el PRIAN.

“Nos toca cumplir con la ley y combatir la corrupción, aunque ellos signifique tocar a quienes se piensan intocables y a quienes han manifestado públicamente que, como venganza política, no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia”, afirmó.

Acompañada de funcionarios de la dependencia, entre ellos el coordinador de asesores, Ulises Lara López, señaló que la investigación de la red de corrupción en materia inmobiliaria ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de su ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia, pero rechazó hablar sobre alguna imputación contra el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

Señalo que, “somos muy incómodos, con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas. A ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la fiscalía”.

No obstante, a quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico les reiteró que está fiscalía tiene como función investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes sin consideraciones políticas, sin tamizajes, sin filtros y por supuesto sin hacer caso de amenaza, puntualizó.

En dicha red de corrupción están un ex alcalde, Christian Von Roerich; y tres ex directores generales, como el de Gobierno, Luis Vizcaino, y al de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis, a quienes se les aseguraron seis y cinco propiedades, respectivamente; así como Adelaida N, de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos.

Así como dos ex directores, un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador, por honorarios y una gestora, quienes ya fueron vinculados a proceso, y otros cinco ex servidores públicos con nivel de alto mandos y mandos medios que también son investigados y otros dos contratistas.

Mencionó que, a la fecha de los 60 inmuebles asegurados, nueve departamentos y casas, con un valor aproximado de 80 a 90 millones de pesos, han sido devueltos a la ciudad.