Doce días han transcurrido desde el paso arrasador del huracán Otis, categoría 5, por Acapulco y municipios aledaños. Las imágenes del desastre y testimonios de sobrevivientes han recorrido el mundo y, como suele suceder en nuestro país, la cosecha de culpas fue habilitada, en primera instancia por la oposición al gobierno federal, por no avisar a tiempo para “extremar precauciones”. Aquí una parada necesaria: ante la evolución acelerada de tormenta a huracán y el recorrido en horas de Otis a categoría 5, ¿fue determinante la ausencia de aviso dos horas antes para los daños causados? ¿Cuáles serían las precauciones a extremar cuando se carece de protocolos con infraestructura incluida? De los huracanes previos, en otros sexenios, en la misma zona, ¿se tomaron previsiones para los que vinieran?
La catástrofe humanitaria que han sufrido la mayoría de habitantes de Acapulco, y municipios y comunidades más allá del puerto sin acceso a los insumos más elementales para la sobrevivencia, ha rebasado la capacidad de respuesta oficial. Ante la ola de saqueos perpetrados sin ninguna contención ni investigación, a la población afectada le quedó resistir las horas y días eternos transcurridos hasta que se ha empezado a acercar desde el gobierno federal, a algunos, agua y despensas a través del Ejército y la Marina. También numerosas iniciativas ciudadanas se han desarrollado para acudir a brindar insumos elementales a familiares y conocidos de Acapulco o algún municipio y comunidad; lamentablemente aún con impacto menor incluidas las del gobierno y de instancias como la Cruz Roja Mexicana.
En paralelo, ya se anunció el Plan de reconstrucción y apoyo para Guerrero tras el paso de Otis, por 61 mil 313 millones de pesos, de 20 puntos, donde se destaca adelantar dos meses el pago de todos los programas de bienestar, la oferta de ampliar con 10 mil becas al de Jóvenes Construyendo el Futuro con pago de salario mínimo para que apoyen en labores de limpieza de calles y reconstrucción, exenta el pago de luz e impuestos durante cuatro meses, entrega de enseres y despensas, incluye canasta básica semanal por familia durante tres meses a todos los hogares. No se cobrarán impuestos, IVA e ISR en Acapulco y Coyuca hasta febrero de 2024, y a todos los hogares dañados se les destinarán 8 mil pesos para limpieza y pintura y entre 35 mil y hasta 60 mil pesos a cada vivienda de acuerdo con sus daños según el censo.
En cada colonia de más de mil viviendas se establecerá un cuartel de la Guardia Nacional, con 250 elementos cada uno, para evitar robos y lograr la normalidad y convivencia pacífica.
En el caso de hoteles y condominios no se incluyen y en los hechos dependerán de si cuentan con seguro para estos siniestros.
En síntesis, por su contenido, el plan tiene más un horizonte de resolver la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benitez, que abordar la reconstrucción y se sustenta en un discurso de acceso universal a quienes estén en un censo que se está realizando sin correlato con la población afectada.
Por último cabe hablar de los eternos invisibles a la mirada del Estado. Muy importante e ilustrativa contribución la de Sergio Ocampo en La Jornada (2/11/23), quien recorrió 60 kilómetros por algunas de las 47 localidades bajo influencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), poblados pertenecientes a los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, los cuales “perdieron sus cosechas de maíz, jamaica, limón, palma de coco y ajonjolí, por el impacto de Otis, por lo que sus habitantes solicitan apoyos a las autoridades estatales y federales”. Pudo notar “el rezago social en que vive la gente, pues no cuenta con electricidad, agua potable ni drenaje, además de que los centros de salud están abandonados”. Ocampo entrevistó al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien afirmó: “Eso no es por Otis, esto viene desde hace más de 40 años, pero los gobiernos han invisibilizado y escondido la pobreza del Acapulco rural”.
Cual cereza del pastel, encontramos que el gobierno federal publicó, a solicitud del gobierno de Guerrero, una “Declaratoria de desastre natural, por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes e inundación fluvial y pluvial el 24 y 25 de octubre de 2023 en 47 municipios del estado de Guerrero”, mismos que enlistó el DOF (2/11/23). Un día después, en nota aclaratoria, se retractó sin explicación y se dejaron sólo Acapulco y Coyuca de Benítez dentro de la declaratoria (DOF, 3/11/23). El Guerrero rural no parece conforme con una exclusión más. Ante la violencia e impunidad que campea, exigirán trato igual para todos los afectados. Rodolfo Stavenhaguen (✝) decía: “Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros”.
