La Paz. Mineros bolivianos paralizaron este martes el centro de La Paz, en el segundo día de protestas que exigen al gobierno la adjudicación de nuevas áreas de explotación de oro ante el rechazo de ambientalistas.

Siete obreros fueron detenidos por la policía tras la fallida toma de dos sedes oficiales la noche del lunes.

"Se ha logrado aprehender a siete personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público [...] por daños a la propiedad", informó el jefe de la policía de La Paz, Edgar Cortez.

Los uniformados emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que vandalizaron los exteriores de los edificios.

Este martes, por segundo día, unos 15 mil mineros llegados de varias partes del país bloquearon el centro de la ciudad de La Paz, impidiendo el transporte público.

El comercio y la banca siguen funcionando en medio del constante ruido de petardos que detonan los trabajadores que marchan con sus cascos de protección.

Las cooperativas mineras están presionando al gobierno de Luis Arce para que atienda un pliego de diez reclamos, entre los que se destaca la adjudicación de nuevas licencias para la explotación de oro en zonas que los ambientalistas reclaman como áreas forestales y protegidas.

"Es terrible, todos los grupos ambientalistas estamos en emergencia [...] es increíble que se quiera echar mano de las áreas protegidas", señala la activista Eliana Torrico a la AFP.

Riesgo ambiental

Organizados en varias cooperativas, los mineros también piden su reconocimiento legal para poder contratar con el Estado en momentos en que el oro se ha posicionado en el mercado boliviano ante la caída de la producción y ventas de gas al exterior.

En 2022 las exportaciones de oro en bruto alcanzaron poco más de 3 mil millones de dólares, por delante del gas e igualando casi a todo el rubro de hidrocarburos (3 mil 089 millones), según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sin embargo, es uno de los sectores que menos aportan en impuestos.

Uno de los dirigentes de la movilización, Ricardo Balmaceda, señaló a la prensa que las organizaciones elevaron "solicitudes en todo el país" para obtener nuevas licencias de explotación.

Sin embargo, negó que pretendan acceder a reservas naturales, pese a la advertencia de los ecologistas.

En ese sentido, la ambientalista Torrico insistió en que la presión de los mineros auríferos tiene en riesgo a zonas protegidas, como el Parque Natural de Madidi, una reserva de casi 19 mil kilómetros cuadrados en el noroeste de Bolivia.

El oro está asociado al mercurio, un metal tóxico que contamina las fuentes hídricas con un altísimo impacto para el ambiente y la salud humana.

"Además en muchos casos la explotación es ilegal, por ejemplo, en el Río Madre de Dios, en Riberalta, Beni, donde más de 25 dragas operaban al margen de la ley, lo que motivó la intervención policial", señaló a la AFP el experto Gary Rodríguez, Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Además de nuevas concesiones auríferas, los mineros esperan la implementación de una ley que fija nuevos tributos y autoriza al Banco Central a comprar metal en el mercado interno para aumentar sus reservas internacionales.

Por lo pronto, el gobierno se ha declarado dispuesto a dialogar con los manifestantes, aunque de momento no está programado un encuentro con el presidente Arce, como exigen las cooperativas tras meses de fallidas negociaciones con autoridades.

Esperamos la "invitación oficial" para hablar directamente con el presidente, señaló el portavoz Ricardo Balmaceda.