Oaxaca, Oax. A siete días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de 144 familias triquis de la comunidad Tierra Blanca del municipio de Copala, ni el gobierno federal ni el estatal que encabeza Salomón Jara se han manifestado al respecto, dieron a conocer integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi).
Horacio Santiago Díaz, miembro de la dirigencia del Multi, lamentó la falta de atención en este asunto, y destacó que el gobierno del morenista Salomón Jara buscó a toda costa evitar que la CIDH otorgara medidas de protección, y “permita al estado continuar con los trabajos de conciliación de las comunidades indígenas de manera interna”.
Santiago Díaz destacó que las mesas de paz han estado suspendidas desde el 19 de febrero pasado, por lo que el supuesto trabajo de conciliación del que habla la administración estatal no ha presentado ningún avance, e incluso se encuentra suspendido desde hace nueve meses.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó en 2022 medidas cautelares a triquis desplazados, que los gobiernos estatales anterior y actual rechazaron, por lo que las víctimas se ampararon para que esas medidas fueran aceptadas
Este procedimiento salió a su favor, pero la administración de Salomón Jara presentó un recurso de revisión que dilató este proceso. Horacio Santiago consideró que esto debe resolverse de forma urgente, pues más de 500 personas se encuentran en peligro por desplazamiento forzado.
Añadió que es un triunfo que la CIDH dicte medidas de protección, pues el Estado mexicano está obligado a atender la situación en la zona triqui, localizada en la región de la Mixteca oaxaqueña.
De acuerdo con Santiago Díaz, el Estado mexicano tiene 15 días para dar respuesta tras la emisión de las medidas, y no obstante hasta el momento no se ha posicionado al respecto. Expuso que las acciones para dar atención a la problemática de desplazamiento son simulaciones “no existe la protección a las víctimas, más bien han ocurrido acciones de violencia, hay una total desprotección del Estado mexicano hacia las víctimas”.
Resaltó que “las medidas cautelares solicitadas por la CIDH refuerzan la demanda que hemos tenido como movimiento desde hace casi tres años: Retorno seguro y justicia”, señaló.
