El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, en apoyo a la recuperación económica de Acapulco, el Tianguis Turístico 2024 se mantendrá en ese devastado puerto. A fin de brindar alojamiento a los asistentes a dicho evento, 35 dueños de hoteles del puerto se comprometieron a tener sus instalaciones funcionando en diciembre de este año, y a más tardar en marzo o abril próximos.

Cabe saludar estos anuncios en tanto suponen una innegable contribución a los esfuerzos para poner en pie a la icónica ciudad devastada por el huracán Otis. Estas acciones reflejan la coincidencia de gobierno federal e iniciativa privada en torno al hecho de que, más allá de la imprescindible ayuda de emergencia que autoridades, instituciones y ciudadanos particulares envían a los damnificados, lo urgente no debe opacar la necesidad de reconstruir (en muchos casos desde cero) el pilar de la economía local y, en gran medida, del estado de Guerrero.

En este sentido, dos datos bastan para ilustrar la dramática importancia del sector turístico: 87 por ciento de los habitantes de Acapulco obtienen sus ingresos, directa o indirectamente, del turismo, y ese destino vacacional genera 54.2 por ciento del producto interno bruto guerrerense.

Por lo tanto, rehabilitar los hoteles y toda la infraestructura necesaria para hacerlos plenamente operativos es mucho más que un asunto de negocios: representa el camino para que la mayoría de la población recupere sus fuentes de empleo, primero con la generación de trabajos temporales en las labores de reconstrucción, y luego con los empleos permanentes que giran en torno a la provisión de todo tipo de servicios para los 4 millones y medio de visitantes que, antes del meteoro, llegaban cada año.

También es el método más fiable para que las autoridades locales dispongan de recursos a fin de atender las demandas de los ciudadanos, que no son menores en una entidad que se cuenta entre las más pobres del país.

Pero los efectos del huracán Otis no se circunscriben a las zonas habitacionales del puerto y a los negocios turísticos, sino que además representan daños catastróficos a las actividades agrícolas de las que depende la población rural de la región, mayoritaria en muchos municipios, y una parte de su producción –tanto la de autoconsumo como la destinada al mercado– desapareció de la noche a la mañana, por lo que se deberá aplicar planes específicos para el rescate del agro.

En suma, no basta con cubrir las necesidades inmediatas de la población damnificada, sino que es necesario ayudarla a restablecer la situación previa a la catástrofe, y ello exigirá un esfuerzo titánico de la nación. En cuanto se hayan restaurado las condiciones de habitabilidad, la solidaridad habrá de transitar del envío de ayuda humanitaria y la recuperación de infraestructura crítica a la reconstrucción propiamente dicha y, después, a la recuperación de la afluencia hacia Acapulco y demás atractivos turísticos: apoyar a los guerrerenses implicará también reanudar las actividades turísticas en la entidad y, en cuanto sea posible, en la ciudad portuaria, así como consumir en los grandes, medianos y pequeños negocios locales, con preferencia por estos últimos.

México no puede permitirse el abandono del puerto, pues dejar sin sustento a cientos de miles de familias no sólo resultaría éticamente inaceptable sino que tendría consecuencias desastrosas en forma de incrementos en la delincuencia y la inseguridad en el resto del país.