La reducción de 767 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que propone la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deja a este órgano jurisdiccional con “un monto insuficiente para enfrentar las cargas de trabajo del proceso electoral 2024”, advirtió el magistrado presidente del tribunal electoral, Reyes Rodríguez Mondragón.
Luego de que la semana pasada los diputados de Morena señalaran que harían un recorte a los recursos públicos que solicita el poder judicial, incluyendo al TEPJF, el magistrado presidente de la sala superior demandó a los legisladores garantizar que las instituciones democráticas, como el TEPJF, cuenten con “los medios para cumplir con sus tareas” y puedan cumplir las expectativas de los ciudadanos.
Al inaugurar el Foro Internacional: Estado de Derecho Justicia Abierta y Elecciones, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Reyes Rodríguez exhortó a los diputados reconsiderar el recorte que quieren hacerle a este tribunal; de lo contrario, no se contará con el presupuesto necesario para un año electoral que exige la atención las 24 horas del día, todos los días del año.
“Tenemos la certeza de que al momento de la revisión del presupuesto las y los legisladores serán sensibles al hecho de que se trata de un año electoral y, por tanto, comporta exigencias adicionales”, subrayó Rodríguez Mondragón.
Detalló que el TEPJF es una institución responsable con su gasto, porque pusieron en marcha una política de racionalidad y calidad del gasto “para hacer un uso más eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos”.
Como ejemplo de ello, señaló que propusieron un presupuesto 25 por ciento menor en términos reales al aprobado en 2018, también año electoral federal, pero reducirlo aún más pone en riesgo cumplir con sus actividades en medio de impugnaciones que se presentarán diariamente en los próximos comicios.
Dijo que en 2024 el Tribunal deberá contratar en todas sus salas: Superior, Regionales y Especializada, personal temporal para las tareas jurisdiccionales, garantizar la seguridad física del Tribunal y de quienes ahí laboran, así como la información que resguardan.
Por poner un ejemplo, abundó, en los últimos 12 meses se han atendido siete mil 550 asuntos, mientras que para el periodo que comprende el proceso electoral 23-24 se estima atender más de doble.
“Ello explica que el presupuesto del Tribunal sea cíclico, hay años en los que la actividad electoral es menor y, por tanto, se reduce el número de asuntos que son atendidos por el Tribunal; hay otros años, como el 2012 y el 2018, caracterizados por una intensa actividad que demandaron una mayor carga de trabajo. Respectivamente, en esos procesos se resolvieron más de 26 mil y 18 mil asuntos jurisdiccionales”, puntualizó.
Además, apuntó que se resolverán juicios sobre la validez de los resultados o asuntos que fuera del proceso electoral son relevantes, como las futuras renovaciones de las dirigencias partidistas del PRI y Morena, por ejemplo.
“Las exigencias en términos de tiempos de resolución también aumentan y la celeridad es crucial en época de campañas”, alertó. Se dijo convencido de que “cada peso invertido en la justicia electoral es un peso a favor de la igualdad, la democracia y la paz social”.
