En la declaración de la cumbre inaugural de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP, por sus siglas en inglés) convocada por el presidente Joe Biden el viernes pasado en Washington, se llama a “fomentar inversiones del sector privado que cumplan criterios ambientales, sociales y de gobernanza”. Sin embargo Biden no hizo caso a llamados desde el Congreso y de organizaciones sociales y civiles de EU para desmontar el neoliberal sistema de arbitraje supranacional, que paradójicamente permite a inversionistas extranjeros demandar a estados, cuando éstos intentan regular para que se cumplan precisamente esos criterios (https://tinyurl.com/ mvy6c2bm).
La APEP es un difuso intento de revivir la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con un selecto grupo de 12 países que tienen o buscan un tratado de libre comercio con Estados Unidos; los miembros de la Alianza del Pacífico –México, Perú, Chile y Colombia–, Canadá, República Dominicana, Panamá y Barbados, y aquellos en búsqueda de un TLC –Uruguay, Ecuador–. La APEP, como el ALCA, busca promover el comercio e inversiones entre sus miembros. Es una tibia respuesta a la pérdida de hegemonía estadunidense en el hemisferio ante la creciente influencia económica de China, así como a los últimos embates de la Unión Europea con su llamado Global Gateway, con la que busca asegurarse recursos naturales de nuestra región.
La mayoría de los mandatarios de los 12 países de la APEP acudieron a la cumbre, pero por México fue la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, quien correctamente puso énfasis en la importancia de sumar a todos los países de América Latina y el Caribe en este foro (https://tinyurl. com/z45bj43y). Pero México y demás países dejaron pasar otra oportunidad de desafiar el instrumento neocolonial que empresas trasnacionales usan para demandar a nuestros países, generalmente en el Ciadi del Banco Mundial, cuando se les plantean regulaciones para conseguir los criterios arriba citados: el mecanismo de arbitraje inversionistaEstado (ISDS, por sus siglas en inglés), contenido en los tratados de libre comercio y de inversión
De acuerdo con un reporte reciente, hay más de 73 casos de demandas de empresas contra países miembros de la APEP (https://tinyurl.com/yckvcsdx) que suman reclamos por 47 mil millones de dólares. Casi una cuarta parte de éstos incluyen los reclamos contra México, por al menos la exorbitante cantidad de 11 mil 361 millones de dólares (cálculos propios con base en información del Ciadi) (ver https:// acortar.link/d78VTT), cifra que puede ser mayor, pues no hay datos para otras demandas. También incluye 15 mil millones de dólares de la demanda de la empresa canadiense TC Energy contra Estados Unidos, por haber cancelado el oleoducto Keystone Pipeline, dada la oposición de comunidades y pueblos indígenas por los inminentes impactos medioambientales. Es una de las principales causas para que la senadora Elizabeth Warren y 40 congresistas enviaron una carta a la administración de Biden en la que “instan a que busque todas las opciones a su disposición –incluidos nuevos marcos regionales como la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), que sus agencias están encabezandopara eliminar el ISDS de los acuerdos comerciales estadunidenses existentes (https://tinyurl.com/4kefse2a)”. Dicen los congresistas estadunidenses: “nos alegramos de que la administración Biden se oponga al (sistema) ISDS y mantenga su compromiso de no incluir esas disposiciones en futuros acuerdos comerciales. Sin embargo, muchos de los actuales acuerdos de libre comercio de EU siguen conteniendo disposiciones ISDS que las empresas extranjeras... siguen explotando”.
También, más de 200 organizaciones sociales y civiles de EU enviaron a Biden una carta urgiéndolo a retirarse del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) contenido en los tratados libre comercio y de inversiones entre EU y los países del hemisferio. Fue auspiciada, entre otras organizaciones, por la AFL-CIO, la central sindical más grande del país y fue firmada por decenas de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, consumidores, campesinas, de solidaridad con América Latina, ambientales, etcétera (https://tinyurl.com/2jmb82fs) Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO, dijo en un comunicado que “el mecanismo de demandas ISDS crea un campo de juego injusto que da prioridad a las necesidades de las empresas sobre las de los trabajadores, sus familias y el ambiente. El ISDS debe eliminarse de nuestro marco comercial y sustituirse por políticas que promuevan buenos empleos, comunidades fuertes y un ambiente sostenible”.
La carta de organizaciones estadunidenses se inspiró, en buena medida, en las demandas de décadas atrás desde organizaciones de América Latina, por sacudirnos esos grilletes al derecho a regular en favor del bienestar público y el ambiente. En mayo pasado más de 300 organizaciones colombianas y de aliados internacionales firmaron una declaración que pide al gobierno de Gustavo Petro revisar y retirarse de tratados que les dan semejantes poderes a empresas trasnacionales, sobre todo extractivas (https://tinyurl.com/48pufc5t).
La cumbre de la APEP fue una oportunidad perdida. Biden y los líderes de los 12 gobiernos que la integran debieron responder a la demanda de comenzar a eliminar los mecanismos de demandas empresariales (ISDS) en los tratados existentes en el hemisferio. AMLO, Petro y Boric deberían unirse para liberar a América Latina y el Caribe de este lastre neocolonial. Hay que hacer más caso a Brasil que no ha cedido su soberanía firmando estos tratados, y menos a EU y Canadá que nos los imponen. Se necesita más integración mediante la Celac y hacer menos caso a la mercantilista APEP.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
